Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos enfatizaron que no van a aceptar una supuesta verdad basada en la tortura, en alusión al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que documenta que varios detenidos por ese delito fueron víctimas de malos tratos de las autoridades para obligarlos a autoincriminarse.

En conferencia de prensa, efectuada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los familiares de los estudiantes desaparecidos subrayaron que el estudio Doble injusticia: informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa,, demuestra la inutilidad de las indagatorias oficiales.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros del movimiento de padres, lamentó que el gobierno federal siga insistiendo en reivindicar la hipótesis de la verdad histórica, a pesar de que diversos organismos y especialistas han descartado por completo la posibilidad de que las 43 víctimas hayan sido asesinadas e incineradas en el basurero de Cocula.

Por su parte, Emiliano Navarrete, progenitor de otro de los desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, subrayó que no se puede construir una verdad bajo tortura, por lo que seguirán exigiendo al gobierno federal que lleve a cabo una investigación profesional hasta dar con el paradero de sus hijos.

Otros padres y madres destacaron también el papel que jugó el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, tanto en la siembra de pruebas en el río San Juan para fortalecer la versión del asesinato e incineración de los normalistas en el basurero, como en la tortura a Agustín García Reyes y otros supuestos responsables.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, destacó que los padres y madres no defienden a los detenidos que habrían sido víctimas de tortura, pero tampoco pueden aceptar estas irregularidades, pues enturbian el proceso legal y les niegan su derecho a la verdad y la justicia.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, recalcó que en el informe de la ONU-DH se revela un procedimiento sistemático de tortura a los detenidos y de encubrimiento a los responsables, como parte de una investigación plagada de irregularidades que se basó desde el principio en la fabricación de una teoría de caso.

La única forma de enmendar estos errores, dijo, sería que se investigara la presunta responsabilidad de diversos cuerpos de seguridad en el ataque contra los normalistas, entre ellos la Policía Federal, las fuerzas armadas, las autoridades de Guerrero y las policías, no sólo de Iguala y Huitzuco, sino también de los municipios de Apaxtla, Tepecoacuilco y Taxco.