Seis meses después del sismo del pasado 19 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) capitalina investiga 75 quejas por violaciones a las garantías fundamentales. Además, documenta los reclamos de víctimas que no han sido atendidas, por lo cual prevén que la cifra aumentará en los próximos días, por tal motivo anunciaron la presentación de un informe especial.

Ayer varios afectados por el terremoto en la Ciudad de México expusieron las presuntas omisiones de las autoridades del Gobierno de la capital, así como las dificultades que han enfrentado para acceder a la Plataforma CDMX con el fin de integrarse al programa de reconstrucción.

Durante la primera audiencia pública que sostuvieron en el salón Digna Ochoa del organismo, los damnificados también emplazaron a la CDHDF a que cumpla a cabalidad su función, que funja como defensor de los afectados y vele por quienes permanecen en las calles ante los riesgos de inseguridad y sanidad que implica vivir en los campamentos.

Habitantes de Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco, Cuauhtémoc y Benito Juárez expusieron a personal de la Tercera Visitaduría el estado en que se encuentran sus hogares: casas demolidas, en peligro de derrumbe por grietas de hasta cuatro metros de profundidad, edificios con inclinaciones visibles, cuarteaduras, riesgos en los campamentos y falta de claridad en el proceso del plan de reconstrucción.

Además, denunciaron que enfrentan robos a inmuebles desalojados y abusos de organizaciones sindicales, que al ver que los damnificados comenzaron obras de reconstrucción con recursos propios exigen un pago de 13 mil pesos por departamento en la colonia Los Girasoles para no pararles las obras.

Francia Gutiérrez Hermosillo, damnificada del multifamiliar de Tlalpan, resaltó que ante la inacción mostrada por los servidores públicos, más interesados en administrar el conflicto y no resolver la contingencia, nos ha obligado a luchar por un proceso digno para la reconstrucción.

Añadió que se debe tomar a los damnificados como personas y no convertirlos en botín electoral o carne de cañón para la banca o el mercado inmobiliario. Somos sujetos de derecho, no de crédito, sentenció.

Manifestó que tras la renuncia de Ricardo Becerra no han tenido contacto con los nuevos titulares de la Comisión para la Reconstrucción por lo cual espera que pronto sean recibidos para obtener una respuesta sobre las minutas que se firmaron con los anteriores representantes, en las que ya se tenían acuerdos.

La también integrante del grupo Damnificados Unidos señaló que cuentan con un censo de 400 predios afectados, donde viven 3 mil 600 familias, algunas sin registro en la Plataforma CDMX porque los inmuebles no han podido ser dictaminados.

Por su parte, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, detalló que los derechos violados presuntamente, contenidos en las 75 quejas que se documentan, son a la seguridad jurídica, 32 por ciento; a la integridad personal, 26, y a un nivel de vida adecuado, 17 por ciento.

Indicó que se tiene previsto, una vez que se recopilen los datos de la audiencia pública, emitir un informe especial, que podría derivar en otro instrumento al analizar cada una de las quejas que fueron presentadas ayer por los damnificados del terremoto de septiembre de 2017.