El gobierno federal respondió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que el informe que presentó sobre el caso Ayotzinapa omitió información relevante incluida en los expedientes, como pruebas periciales relacionadas con la aplicación del Protocolo de Estambul, y aseguró que las investigaciones en marcha y las pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones del organismo internacional.

El Protocolo de Estambul, afirmó el gobierno federal, representa una medida acorde con los más altos estándares internacionales existentes para detectar casos de tortura.

No se ha acreditado la comisión de tales actos (tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, se señala en un comunicado emitido por el gobierno federal en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), y las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE).

En el informe presentado ayer, la ONU-DH destaca que hay fuertes elementos que muestran que 34 procesados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, fueron torturados al rendir sus declaraciones, entre otras violaciones a sus garantías individuales y el debido proceso.

Al respecto. el gobierno federal sostuvo que las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes, y afirmó que el documento de la ONU-DH tiene vacíos de información y eso le preocupa, porque arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación.

En diversas reuniones de alto nivel con el representante en México de la ONU-DH, se dice en el comunicado, el gobierno federal le compartió consideraciones y puntualizaciones importantes, entre ellas la metodología del informe, y recalcó que las causas penales sobre el caso Ayotzinapa se sustentan con otras pruebas, además de las declaraciones de los detenidos.

También indicó que se mantiene el compromiso para agotar todas las líneas de investigación que permitan conocer lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos y sancionar a los responsables.

Se reitera, una vez más, el compromiso del gobierno de México de acordar con las víctimas planes individuales, con base en un estudio de atención sicosocial, que será objeto de un análisis detallado y diálogo con los propios representantes de las víctimas, indican las dependencias federales.

Agregan que continuarán trabajando con el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –vigente tras la conclusión de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes–, así como con los familiares de las víctimas y sus representantes.