El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) tiene sólidos elementos de convicción para sostener que durante las indagatorias del caso Ayotzinapa se hicieron detenciones arbitrarias y que 34 de los 129 procesados fueron torturados por agentes del gobierno federal con la finalidad de que se autoinculparan o dieran información errónea, lo que generó investigaciones inadecuadas e incluso encubrimiento.

Estas graves violaciones a las garantías fundamentales fueron cometidas por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Federal (PF) y de la Secretaría de Marina (Semar), subraya la investigación titulada Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, elaborada por la Oficina en México de ONU-DH.

Al presentar el informe, el representante en México de esa oficina, Jan Jarab, enfatizó que los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los procesados por este caso representan una doble injusticia. Por un lado, se violan las garantías a la integridad personal y al debido proceso de los detenidos, y por el otro, se afecta el derecho a la verdad para las familias de los 43 normalistas desaparecidos y la sociedad.

Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el torturador, destacó. Por ello, exhortó al Poder Judicial a excluir o declarar nulas en el proceso todas las pruebas obtenidas bajo tortura.

El documento analiza información acerca de 63 personas, de un total de 129 detenidas, presuntamente ligadas con la desaparición forzada de los normalistas, que se perpetró entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Se basó en la revisión de los expedientes de la propia PGR, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y entrevistas con autoridades, procesados y testigos.

La ONU-DH documentó que en los 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que incluyó, entre otras, detenciones arbitrarias de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del Ministerio Público y actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión. Esto ocurrió entre septiembre de 2014 y enero de 2016.

El organismo internacional criticó que en muchos casos la autoridad presentó justificaciones no plausibles y contradictorias para explicar las causas de las lesiones que presentaban los detenidos –que fueron advertidas en informes médicos de la propia PGR– como autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas.

Uno de los casos documentados es el de Agustín García Reyes, detenido en forma arbitraria y torturado antes de la diligencia que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR realizaron en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas con las cenizas de los 43 normalistas desaparecidos, la cual estuvo encabezada por el entonces director de esa instancia, Tomás Zerón. El sospechoso fue interrogado sin la presencia de su abogado.

“La diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto, al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015 (conocida como ‘verdad histórica’), en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, subraya el informe.

Otro caso es el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente detenido, junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, cuyo fallecimiento fue atribuido oficialmente a una caída de azotea desde una altura de 10 metros. La ONU-DH sostiene que hay testigos que aseguran que murió por las torturas que le infligió personal de la Marina.

Jan Jarab señaló que hasta la fecha la ONU-DH no tiene información de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en estos delitos haya sido procesado por tortura y violaciones a los derechos humanos, por lo que permanecen impunes. Reconoció que en 2016, durante la gestión de Arely Gómez al frente de la PGR, se realizó un esfuerzo genuino para investigar estos delitos, pero la indagatoria interna se vio frustrada por el remplazo en el cargo.

El informe, explicó, no tiene como propósito defender a posibles delincuentes, sino favorecer el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales sea erradicada. Lamentó que en México haya una inadecuada aplicación del Protocolo de Estambul.

La ONU-DH hace una serie de recomendaciones. Sugiere a la PGR realizar, en un plazo razonable, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos; insta al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad, y pide al Legislativo adoptar tanto una reforma institucional como una ley orgánica que garantice de manera efectiva la independencia, la autonomía y el profesionalismo de la Fiscalía General de la República.