Mexicali, BC.

Al menos 15 familias desplazadas por la violencia permanecen a la intemperie, bajo la lluvia y el calor, en un corredor de la garita El Chaparral, en Tijuana, en espera de que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos atiendan sus peticiones de asilo.

Procedentes de Guerrero y Michoacán, los refugiados aseguran que sus vidas peligran por amenazas del crimen organizado y por ello decidieron huir a Estados Unidos, a pesar de las duras políticas migratorias aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Desde la primera semana de marzo estos desplazados forman parte del paisaje cotidiano para los empleados y usuarios de los servicios federales en esta ciudad, aunque, a diferencia de los pobladores, buscan sobrevivir en el vecino país.

Según registros oficiales, desde 2015 alrededor de 300 mil personas se han visto obligadas a emigrar y llegan a Tijuana con la esperanza de ser aceptados en Estados Unidos para ponerse a salvo de la violencia criminal.

De acuerdo con la Coalición Pro Defensa del Migrante, formada por una decena de organizaciones civiles de apoyo en la frontera con California, entre las 12 entidades mexicanas que expulsan más refugiados se encuentran Michoacán, Guerrero y Sinaloa.

José Moreno Mena, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y uno de los dirigentes de la coalición, señaló que es difícil cuantificar a los desplazados, pero se sabe que Baja California recibe a la mayoría de quienes buscan asilo en Estados Unidos, que rechaza a 99 por ciento de los solicitantes.