La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la seguridad en los planteles universitarios. Esta agrupación exigió la intervención de las autoridades para investigar la acción de grupos delictivos al interior de los planteles educativos.

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que el narcotráfico no se puede atacar con represión ni tampoco el consumo de drogas, sino con atención a otras vertientes, como verificar la debilidad estructural de instituciones y a las policías municipales, pero sobre todo mucho trabajo de prevención del delito. El fenómeno no se atacará con violencia.

En cuanto a la posibilidad de que la Policía Federal (PF) ingrese a universidades autónomas, hizo énfasis en que esa circunstancia podría ocurrir sólo en respuesta a denuncias muy específicas que implicarían persecución de delincuentes que queden fuera del campus y si fuese necesario dentro, sin violentar la autonomía.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, se refirió al valor de las soluciones conjuntas para hacer frente a la violencia que amenaza a dicha institución. Si se buscan soluciones conjuntas se podrá erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudios, expresó.

Por su parte, el director de la Anuies, Jaime Valls Esponda, dijo que el propósito del convenio es impulsar el desarrollo de los servidores públicos para que puedan prever, anticipar e inhibir las conductas delictivas, en especial el narcomenudeo que afecta algunas escuelas, mediante labores de prevención.

Subrayó que la solución ante el problema que representa la venta de drogas debe ser total: “Desde la integración de grupos multidisciplinarios. Un caso que ilustra la importancia de trabajar en el entramado de los valores sociales es el que afecta a las comunidades universitarias; el narcomenudeo, como aquí se ha dicho, ha impregnado parte de los recintos de algunas universidades como una indeseable mancha de aceite.”

El rector Graue agregó que el conocimiento, sumado a la acción de la autoridad, son actores que deben conjugarse ante eso, al tiempo de exigir que las autoridades investiguen para esclarecer la naturaleza y el funcionamiento de ese tipo de delitos.

El convenio compromete a las partes a aplicar este año acciones relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública, la profesionalización en materia de seguridad, prevención social de la violencia y gobernabilidad en las comunidades universitarias. De igual manera, hay metas para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como la promoción de la participación ciudadana en la construcción de entornos democráticos y seguros.

Se permitirá el intercambio de información técnica donde cada una de las partes asumirá, con respeto a las autonomías, las responsabilidades que les corresponden para prevenir la violencia y la delincuencia.

Navarrete Prida indicó que como Estado mexicano enfrentamos el reto, el desafío y la obligación de cuidar a los jóvenes y la población en general de la tentación de hallar una salida fácil en el fenómeno de las drogas y el crecimiento de organizaciones criminales dedicadas a la venta de estupefacientes al menudeo.

La respuesta no es represiva, es poner a disposición de un juez a quien infringe la ley y a quien esté envenenando a la juventud, vincularlo a proceso y que reciba una sentencia.

En el acto, el director general del Instituto Politécnica Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, manifestó que esta institución fortalecerá sus capacidades para que la comunidad estudiantil se desarrolle en un ambiente seguro, porque es condición para su aprendizaje, y la seguridad es su derecho.