La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, la panista Adriana Dávila, afirmó que en el caso Oceanografía el gobierno no sólo pudo hacer incurrido en violaciones a los derechos humanos de más de 300 empleados, sino en el delito de trata de personas con fines de trabajo, ya que cuando sus barcos fueron asegurados no pudieron bajar a tierra firme durante un año.

En conferencia de prensa la panista subrayó que desde noviembre de 2017 denunció los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero también informó a las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, de Marina, del Trabajo, de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria, aunque no hemos tenido la respuesta que se quiere, incluso ya interpusimos algunos recursos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dávila refirió que esos 300 trabajadores –de las 21 embarcaciones de Oceanografía– pudieron haber sido víctimas de explotación laboral o, en su defecto, y más grave, se trata de personas con fines de trabajo forzado, toda vez que no contaban con alimentos, pago; tampoco condiciones mínimas de seguridad e incluso muchos de los barcos estuvieron varados o fueron lamentablemente asaltados por la delincuencia e incluso hubo baleados.

Detalló que ella y el diputado Juan Corral Mier acudieron a Ciudad del Carmen, Campeche, luego de una serie de denuncias que realizaron trabajadores de Oceanografía, que en ese tiempo se encontraba en proceso de quiebra, y que ya un juez no aceptó la liquidación.

La senadora panista agregó que en ese periodo se crearon dos sindicatos con apoyo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y ahí les transfirieron dinero de carácter público para el mantenimiento de las agrupaciones, pero a los trabajadores no se les cubrieron sus salarios.