A ocho meses de iniciada su indagatoria sobre los fallos en la construcción del Paso Exprés, de la carretera México-Cuernavaca, la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que aún no tiene resultados definitivos sobre los culpables de las irregularidades, aunque fuentes cercanas al tema indicaron que ya hay elementos suficientes para presumir la responsabilidad de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Tras participar en el banderazo de salida de laboratorios móviles de verificación de calidad de materiales en obras públicas, la titular de la SFP, Arely Gómez González, recordó que la dependencia a su cargo formuló 22 cédulas de observación sobre el tema del Paso Express, donde en julio de 2017 se abrió un socavón que provocó la muerte de dos personas.

El siguiente paso

De acuerdo con la funcionaria, dichos señalamientos y hallazgos se le hicieron llegar a la SCT, que los analizó y respondió. En todos los casos ya se pasó a la siguiente instancia, que es la de investigación, puntualizó.

Sin embargo, fuentes que conocen el tema indicaron que de las 22 observaciones realizadas sobre el Paso Exprés, en 11 de ellas ya existen elementos suficientes que hacen presumir la responsabilidad administrativa de servidores públicos de la SCT, por lo cual ya fueron turnadas a las áreas respectivas.

Las otras 11, dijeron, todavía se encuentran en etapa de investigación y podrían derivar en el inicio de nuevos procedimientos contra funcionarios de la misma dependencia.

Como se informó en su momento, la Función Pública inició su investigación sobre el caso en julio de 2017, y un par de meses después realizó las ya mencionadas 22 observaciones a cuatro contratos que implicaban presuntas irregularidades por alrededor de mil millones de pesos. No obstante, desde ese momento a la fecha no se ha dado a conocer el nombre de los presuntos responsables.

Consultada sobre el tema de la empresa brasileña Odebrecht –acusada de entregar sobornos millonarios a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos de obra pública–, Gómez subrayó que la SFP ya inhabilitó a la compañía por cuatro años y dos meses en un caso, y por dos años y dos meses en otro.

Asimismo, informó que ya se tienen listas otras inhabilitaciones relacionadas con el mismo tema, además de multas económicas para los responsables, pero las sanciones fueron detenidas porque un juez le concedió la suspensión definitiva a los involucrados.