Los pueblos originarios de Ciudad de México demandaron este martes la reposición total del proceso de construcción, revisión y aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), debido a que durante la ejecución jamás se les consultó. La Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México (Aapcm) se manifestó frente a la Asamblea Legislativa local para frenar la aprobación apresurada de un inaceptable PGDU que normaría las políticas públicas de desarrollo urbano de CDMX, incluyendo a los territorios ancestrales de los nativos locales.

Representantes de una decena de pueblos exigieron audiencia con las Comisiones de la Asamblea Legislativa encargadas de revisar el PGDU. Inicialmente no hubo, pues las comisiones encargadas del asunto reagendaron su sesión. La segunda contestación fue una valla de policías que impidió a los indígenas el acceso al palacio de Donceles.

Los integrantes de la Aapcm permanecieron en la calle, donde exhibieron el amparo que obtuvieron en agosto, el cual obliga al gobierno de CDMX a consultar de manera libre, previa e informada a los pueblos originarios de la capital ante cualquier ley, política o programa que el gobierno pretenda aplicar en tierras comunales.

Lamentaron que el gobierno capitalino siga burlándose de las cortes federales que lo obligan a consultar a los pueblos.

En CDMX nunca se han hecho verdaderas consultas, añadieron. Las instancias gubernamentales, en el mejor de los casos realizan consultas amañadas que no son libres, previas, informadas ni respetan las formas internas de participación y representación de los pueblos.

La asambleísta Margarita Martínez Fisher, de Acción Nacional, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, declaró recientemente que las observaciones al PGDU serían turnadas a la Jefatura de Gobierno, sin que ello implicara controversia entre la ALDF y el gobierno de la ciudad.

La Aapcm exige la reposición del proceso por incumplimiento de convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, violaciones graves a la Constitución federal y contradecir el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la entidad. El PGDU es un paso más en la embestida neoliberal que pretende arrancarnos el derecho a decidir sobre nuestras tierras. Su implementación acarrearía graves riesgos para la gobernabilidad y el medio ambiente. Llevamos 100 años ejerciendo los derechos agrarios contenidos en el 27 constitucional y el gobierno de CDMX pretende quitárnoslos de un plumazo. Las autoridades insisten en ignorar que los territorios indígenas propiedad de los integrantes de la Aapcm incluyen las últimas zonas forestales de la entidad, pastizales, zonas agrícolas y chinamperas que sostienen la vida en la ciudad y son ambicionadas para el desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria.

Los indígenas consideran que el PGDU es una treta legal para el despojo de 80 mil hectáreas de tierras de propiedad colectiva que constituyen los territorios ancestrales de los pueblos originarios de la Cuenca de México. Anunciaron que resistirán a las políticas que ponen en riesgo la vida de los capitalinos y subrayaron la importancia de sus territorios: tres de cada cuatro vasos de agua que se consumen en la ciudad se extraen de tierras comunales y ejidales.

Contradiciendo a Martínez Fisher, sostuvieron que exigir sus derechos no es politizar; tenemos tierra y dignidad; los que politizan son los partidos que quieren imponer leyes injustas que favorezcan el despojo.

Al concluir la protesta, la comisión de medios de la Aapcm reiteró que lo que une a las comunidades indígenas organizadas es caminar en defensa de nuestros derechos, el respeto a la autonomía de cada pueblo y sobre todo caminar fuera de los partidos políticos que sólo causan males.