n la Consar y en Pensionissste defienden la tesis –por llamarla de algún modo– de que la inyección de 400 millones de pesos del ahorro de los trabajadores al servicio del Estado al consorcio privado Ingenieros Civiles Asociados (ICA) cumplió con la normatividad vigente, y que al final de cuentas fue una bicoca si se compara con el saldo de dicho ahorro administrado por la citada Afore.

Como bien lo detalla La Jornada (Israel Rodríguez), esa inversión por alrededor de 20 millones de dólares (cerca de 400 millones de pesos) derivó en un quebranto para los trabajadores, debido a que ICA fue suspendida en el mercado bursátil mexicano y sus acciones carecen de valor.

Sin embargo, tanto la Consar como Pensionissste justifican que el uso de tales dineros representan una mínima parte (0.2 por ciento del portafolio de la Afore del Estado), y en términos del ahorrador significó un costo de 0.1 por ciento del rendimiento (Carlos Ramírez dixit).

Para dichas instituciones el punto central no es si los ahorros de los trabajadores se fueron al caño, sino que la pérdida fue pequeña, mínima, casi un suspiro.

Pensionissste y la Consar presumen que la Afore del Estado cuenta con 200 mil millones de pesos de portafolio de inversión, de tal suerte que la pérdida de 400 millones resulta una bicoca, porque siempre hay riesgo (otra vez el brillante Carlos Ramírez dixit). Sí, desde luego, y más si se invierte en una empresa quebrada.

Si se considera el saldo del citado portafolio y el número de aforados en Pensionissste (alrededor de 2 millones de trabajadores), entonces cada uno de ellos, en promedio, tendría 100 mil pesos, que distribuidos en 12 meses les significaría algo así como 8 mil 333 pesos.

Con esa base, el rescate de ICA –casi un suspiro– se llevó a varios trabajadores entre las patas, pero no a los funcionarios que tomaron la sesuda decisión de salvar al consorcio privado (el cual, por cierto, se mantiene en el suelo), porque el dinero sacrificado no es de la Afore ni de la Consar, mucho menos de sus cabezas visibles, sino de los ahorradores.

Lo anterior, en el mejor de los casos, porque la pensión mínima garantizada por el Issste es de alrededor de 4 mil pesos mensuales (en el IMSS de 2 mil pesos, aproximadamente), de tal suerte que el rescate de ICA se comió el equivalente a 100 mil pensiones mensuales, lo que ni de lejos resulta ser una bicoca ni un suspiro.

La situación descrita apenas si es una muestra del desbarajuste pensionario en el país, sin olvidar que en 1997, cuando dio el banderazo de salida al negocio privado de las pensiones, Ernesto Zedillo presumió que el régimen de las Afore “es la gran solución social al México moderno de hoy, (pues) se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, mediante el cual los trabajadores (…) tienen la seguridad de que a su retiro tendrán una pensión justa”.

Dos décadas después de tan atinado comentario, la realidad indica que la justicia pensionaria en México se tasa en 2 mil pesos mensuales en el IMSS y 4 mil en el Issste, aunque en otros casos –como el de la burocracia dorada– se pagan pensiones cercanas a 300 mil pesos cada 30 días.

Ante este tétrico panorama es necesario recordar que seis de cada 10 trabajadores mexicanos en edad y condición de laborar no tienen ninguna posibilidad futura de pensionarse; han quedado fuera de la jugada, porque sobreviven en la informalidad.

Cómo estará el ambiente, que en 2015 (año en el que Pensionissste invirtió en acciones del consorcios quebrado ICA) la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo divulgaron su estudio Un vistazo a las pensiones en América Latina y el Caribe, en el que detallaban que entre los 26 países de la región considerados en el estudio México se ubica en el lugar 25, es decir que el resultado de nuestra nación en este renglón resultaba peor que el de Haití. El último lugar correspondió a República Dominicana.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó el sistema pensionario mexicano (con información al 31 de diciembre de 2013) y entre sus conclusiones destaca que el promedio ponderado de la tasa de remplazo (monto de la pensión a recibir con respecto al último salario) que obtendrán los trabajadores al momento de su retiro mediante el régimen de pensiones de contribución definida (Afore) será de 22.2 por ciento, situación que ubicará a México en el último lugar de los 34 países que integran la OCDE.

Por otro lado, la tasa de remplazo de los trabajadores de los regímenes de beneficio definido (Ley del IMSS de 1973) será de al menos 60 por ciento de su sueldo como trabajador activo.

De acuerdo con el análisis de la ASF, la proyección es terrorífica: conforme al cálculo realizado y utilizando el saldo registrado en las Afores al cierre de 2013, el grupo de trabajadores que actualmente tiene 36 años o menos alcanzará una pensión que cubrirá 30.7 por ciento de su sueldo; para las personas de 37 a 45 años el promedio será de 19.9 por ciento; para las personas de entre 46 y 55 años será de 13.8 por ciento y para las mayores de 55 años de 5.2 por ciento.

Peor aún, apunta la ASF, respecto de los ingresos que los trabajadores perciben al momento de su retiro se identificó que en 69.2 por ciento de los regímenes pensionarios de beneficio definido no se logrará cubrir la cuantía de la pensión garantizada establecida en la Ley del Seguro Social, y en 16.9 por ciento no se alcanzará la señalada en la Ley del Issste.

Sólo para dar una idea de qué tamaño es el agujero mexicano, la tasa de remplazo en los Países Bajos es de 90.7 por ciento, en Canadá de 45.4 por ciento y en Estados Unidos de 38.3 por ciento.

Entonces, si quiere aumentar el monto de su pensión, siga la infalible fórmula de la Consar y Pensionissste: robe dinero, inviértalo en acciones de empresas quebradas (como ICA) y cárguele el muerto a quien se deje.

Las rebanadas del pastel

Más lenta que una tortuga; dice la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, que a ocho meses de iniciada la investigación por el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca (obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza a la cabeza) aún no hay resultados sobre los responsables de las irregularidades. Bien, entonces se propone modificar el nombre de la institución para que quede en Secretaría de la Impunidad Pública.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com