La Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó en comisiones el proyecto de dictamen por el que se acuerda devolver al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la iniciativa de decreto del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) de la Ciudad de México 2016-2030, con más de medio centenar de observaciones para ser agregadas, suprimidas o modificadas en el documento.

El dictamen se someterá hoy a la aprobación del pleno, una vez que se instalen los trabajos del segundo periodo ordinario del órgano de gobierno.

La reunión de trabajo de las comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Preservación del Medio Ambiente que se había convocado para el martes pasado y se difirió para ayer, fue prácticamente de trámite al formalizar el documento que ya había sido firmado previamente por al menos seis integrantes de ambas comisiones, que de esa forma se excusaron de estar presentes en la sesión, la cual se desarrolló con sólo cuatro de 12 que la integran.

El diputado de Morena Alfonso Suárez del Real acudió también para fijar como postura de su grupo parlamentario el total desechamiento de la iniciativa, al considerar que se violentaron disposiciones en materia de consulta a pueblos y barrios originarios y porque la Constitución Política de la Ciudad de México dispone que corresponde al primer Congreso capitalino designar a los integrantes de órgano encargado de elaborar el Programa General de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial.

Al exponer algunas de las observaciones, la presidenta de la comisión, Margarita Martínez Fisher, resaltó que además de incorporar temas como el de gestión de riesgos y resilencia, a partir de la experiencia del sismo del 19 de septiembre, es prioritario establecer un régimen urbano condicionado en el que las obras de mejoramiento, reforzamiento y mantenimiento de infraestructura se realicen previamente a la conclusión de los proyectos inmobiliarios, condicionando incluso su ocupación.

Martínez Fisher agregó que el PGDU, a partir de lo que establece la Constitución local, debe definir un régimen urbano transitorio, que defina principios y criterios, con los que, por ejemplo, los nuevos alcaldes puedan guiarse para iniciar la actualización de los programas de desarrollo de sus demarcaciones.