Miami.

El juicio civil contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, demandado por su papel en la muerte de 58 personas durante los disturbios de 2003, que propiciaron la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia, comenzó este lunes en Estados Unidos.

El juicio a Sánchez de Lozada, de 87 años, y a su entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la matanza de octubre, comenzó con la selección de los miembros del jurado en un tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida.

El juez federal James Cohn indicó que el juicio llevará de cuatro a cinco semanas.

Es la primera vez que un ex presidente es procesado en Estados Unidos por violación de derechos humanos, dice el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), que representa a los demandantes.

Los familiares de ocho bolivianos asesinados buscan indemnizaciones por daños y perjuicios de ambos políticos por matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003, según la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.

El CCR, una ONG con sede en Nueva York que representa a los familiares de nueve víctimas, argumenta que los ex gobernantes utilizaron la fuerza militar para suprimir las protestas populares que tuvieron lugar en la guerra del gas, como se conoce a la insurgencia popular que derrocó a Sánchez de Lozada y, con ello, cerró una época de gobiernos neoliberales en Bolivia y dio paso al movimiento indigenista encarnado por Evo Morales.

El descontento contra Goni, quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos en su segundo periodo, que duró sólo un año y acabó el 17 de octubre de 2003.

Ese día, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el proyecto de exportación de gas. El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y ordenó reprimir. Según el CCR, en total mataron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras.

Lozada dimitió y huyó a Estados Unidos, ante un panorama que colocaba a Bolivia a las puertas de una guerra civil. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa.

La demanda civil se basa en el estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros y en la ley de protección de víctimas de la tortura.

La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadunidenses por un delito cometido fuera de ese país, si ese delito es una violación de las leyes de la nación o de un tratado específico del que Estados Unidos es signatario. La segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadunidenses contra personas acusadas de haber cometido o auxiliado e incitado actos de tortura o ejecución extrajudicial.