En un análisis de la política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica de 2008 a 2016, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) alerta que se careció de una cuantificación integral y precisa sobre el estado físico y funcional de las escuelas, situación que tuvo un impacto en las debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resultados de dicha política.

Agrega que si bien su aplicación contribuyó a la ampliación, mejora y modernización de la infraestructura y el equipamiento, “la débil rectoría, el insuficiente financiamiento y la falta de un protocolo de certificación provocó que persista el problema de la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura y el equipamiento.

El informe señala que no se aseguró que los planteles educativos contaran con las condiciones necesarias, de acuerdo con las cualidades establecidas en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE) para favorecer el proceso de enseñanza y contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos.

En cuanto a la inversión, destaca que en los pasados 20 años creció en 16 por ciento, al pasar de 18 mil 902.6 a 21 mil 941.4 millones de pesos, aumento inferior al del total de lo destinado al servicio de educación básica que fue de 17 por ciento, al pasar de 351 mil 350.5 a 411 mil 73.8 millones de pesos.

Por lo que respecta al programa escuelas al cien –con el que el gobierno federal anunció una inversión de 50 mil millones de pesos para atender a 33 mil escuelas en este sexenio– el organismo fiscalizador advierte que basándose en un esquema de inversión que, aunque formalmente no compromete el erario público para pagos a futuro, se observó como un pasivo de largo plazo para las entidades.

Lo anterior se dio porque el programa implica ejercer en tres años, de forma anticipada, 25 por ciento de los recursos presupuestarios del fondo de aportaciones múltiples y restringir durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa.

La ASF destaca que con la creación en 2008 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y la promulgación de la LGIFE, se buscó generar una nueva estrategia nacional que atendiera cuatro factores: regular, financiar, desarrollar y certificar la infraestructura y el equipamiento educativo.

Al respecto, apunta que los escasos resultados obligan a reconsiderar la pertinencia de la certificación como un medio para normalizar la infraestructura y el equipamiento escolar, ya que su perfil voluntario y las diferencias entre las condiciones de una escuela a otra puede deberse más a una condicionante por falta de recursos, que por la voluntad de mejorar, lo que puede hacer ver el distintivo más como un lujo que como una necesidad.

Destaca que los resultados fueron pobres, pues entre 2013 y 2015 sólo 14.1 por ciento (10 mil 287) escuelas apoyadas con el programa de escuelas dignas fueron certificadas; y 2.7 por ciento (214) de las beneficiadas con el de escuelas al cien.

Agrega que el Programa Nacional de Certificación (PNC) se publicó en 2015, por lo que si bien se contaron con protocolos de certificación, estos se aplicaron tardíamente. El diseño del PNC careció de “mecanismos de coordinación para articular los instrumentos de evaluación y lograr una convergencia en la cantidad y calidad de los requisitos y características que debe cumplir la infraestructura y el equipamiento de las escuelas.