esde noviembre de 2001, cuando fue creada, durante la presidencia de Vicente Fox, hasta marzo de 2007, año en que su sucesor Felipe Calderón dispuso que fuera disuelta, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) produjo más decepciones que resultados. Aunque el entonces procurador que se encargó de informar escuetamente sobre su desaparición (Daniel Cabeza de Vaca) señaló que la misma se debía a que el organismo ya había cumplido con su objetivo, las expectativas que al menos un sector de la sociedad había tenido inicialmente sobre sus actividades estuvieron lejos de cumplirse.

Hoy, a prácticamente 11 años de extinguida la fiscalía que, según anunciaban sus creadores, iba a arrojar luz sobre la actuación del Estado mexicano frente a las organizaciones y a las protestas estudiantiles y sociales de los años 60, 70 y 80 (con la llamada guerra sucia en primer lugar e incluidas las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971) la mayoría de las preguntas sobre el tema siguen sin respuesta y la verdad de los hechos continúa en la oscuridad. Una revisión a los voluminosos expedientes de la Femospp revela que a lo largo de su actuación ésta no logró precisar el número de víctimas que arrojaron las citadas masacres, no consiguió impulsar ni una sola sentencia condenatoria por los delitos cometidos –que incluían hostigamientos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros varios crímenes–, y ni siquiera mencionó por sus nombres a los principales responsables de esas tropelías.

Parecía más promisorio el futuro de la fiscalía cuando logró que se dictara orden de aprehensión y auto de sujeción a proceso contra el ex presidente Luis Echeverría, a quien acusaba de genocidio; pero éste obtuvo el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria y, por las épocas en que el organismo desaparecía, la suspensión definitiva del auto (posteriormente sería exonerado y puesto en libertad).

El documento final que en su momento elaboró y dio a conocer la Femospp, titulado Informe histórico a la sociedad mexicana 2006 (en sus orígenes se llamaba Que no vuelva a suceder) no pudo evitar, sin embargo, hacer algunos señalamientos muy generales, pero también muy incómodos para los sucesivos gobiernos priístas que durante los años investigados ocuparon el poder. En un párrafo, por ejemplo, y tras calificar de autoritario al régimen político imperante en ese periodo, el reporte señaló que éste, por intermedio de sus altos niveles de mando, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. No es una afirmación ligera, como tampoco lo es el apunte de que dicho régimen utilizó a las instituciones del Estado, pervirtien-do a las mismas. Pero para efectos prácticos, la despersonalización, la descarga de toda la culpa en el aparato, las vuelve inofensivas.

Hace poco menos de tres años, y a solicitud expresa de información, la procuraduría –a cuyo frente estaba entonces Arely Gómez– manifestó que para esa fecha había desechado 56 por ciento de las 570 averiguaciones previas que había dejado en integración la extinta fiscalía. Y ahora, en el tercer mes de 2018, quedan todavía 244 averiguaciones de ese carácter, en lo que posiblemente sea uno de los últimos vestigios administrativos de un pasado que aún constituye una herida abierta que, claridad de por medio, sería preciso cerrar.