La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que, desde hace varios años, la gestión de los recursos que entrega el gobierno federal a las diversas entidades es muy deficiente, lo cual propicia el desvío de dinero, así como el crecimiento de la deuda pública hasta niveles riesgosos e insustentables.

En su informe de la Cuenta Pública 2016, el organismo revisor indicó que en los pasados 15 años se ha registrado un crecimiento acelerado de la deuda de estados y municipios, entre otras razones debido a la inexistencia de un marco regulatorio que establezca controles adecuados, bajo el principio de racionalidad, eficiencia y transparencia.

Asimismo, incide la gran influencia que tienen los gobernadores estatales en los Congresos locales y la amplia oferta de crédito disponible por parte de las instituciones financieras privadas.

Un ejemplo ilustrativo de dicho fenómeno es Quintana Roo, cuya deuda pública hasta el 31 de diciembre de 2016 –es decir, al cierre del gobierno del priísta Roberto Borge Angulo– ascendió a 22 mil 247 millones de pesos, cantidad 688 por ciento superior a lo que registraba 10 años antes.

Este ritmo de crecimiento exponencial es incluso más alto que el de la deuda pública subnacional total, que en 2016 fue de 568 mil 591 millones de pesos, 136.6 por ciento mayor que en 2006.

En 2014 tuvo lugar el mayor crecimiento del saldo de la deuda con respecto al producto interno bruto estatal, que fue de 8.6 por ciento, superior en 5.5 puntos porcentuales al promedio nacional en este indicador ese año.

De acuerdo con los estudios de la ASF, 76 por ciento de los pasivos del gobierno de Quintana Roo se contrataron con la banca comercial, 25 por ciento con la de desarrollo y el restante 0.5 por ciento con otros acreedores.

Uno de los datos más reveladores del análisis es que la garantía de pago ofrecida a los bancos por las administraciones de Borge y de su antecesor Félix González Canto –también del PRI– son 96 por ciento de los recursos presentes y futuros que le entregará el gobierno federal al estado, a través del Fondo General de Participaciones (FGP).

En 2016, por ejemplo, Quintana Roo recibió ingresos por 5 mil 866 millones de pesos en el FGP, pero ese mismo año se endeudó por 19 mil 103 millones, lo que significa 325 por ciento más de lo que la Federación le había dado.

Si se consideran los ingresos totales de la entidad en 2016, que ascendieron a 27 mil 477.5 millones de pesos –incluyendo participaciones federales, ingresos de libre disposición y financiamientos a corto plazo–, la deuda pública absorbió 69.5 por ciento, lo que quiere decir que de cada 100 pesos, al gobierno quintanarroense sólo le quedaron 30.5 para su funcionamiento cotidiano.

Por todo lo anterior, la ASF concluyó que el gobierno del estado de Quintana Roo presentó un nivel de endeudamiento que restringe sus finanzas a largo plazo. El resultado de los indicadores analizados muestra que su posición financiera está en riesgo, no cumple con el principio de sostenibilidad y es vulnerable.

Lo anterior, añadió el ente fiscalizador, puede impactar en las sobretasas de interés requeridas por las instituciones en los créditos vigentes y para el otorgamiento de nuevos financiamientos.