El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, advirtió que algunas políticas y prácticas seguidas por los estados para disuadir la llegada de migrantes pueden, en sí mismas, constituir actos de tortura.

Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el especialista alertó que las leyes se han vuelto cada vez más obstructivas para los migrantes, empujándolos a tomar rutas y métodos irregulares.

Los estados, con mayor frecuencia, privan de la libertad de manera rutinaria o como una respuesta oficiosa a la migración irregular. La detención sistemática y de duración indefinida de migrantes, por el solo hecho de serlo, no tiene nada que ver con protección fronteriza legítima, constituye una privación arbitraria de la libertad, enfatizó.

Melzer afirmó que tales detenciones incluso pueden constituir tortura, en particular cuando tienen el objetivo de disuadir, intimidar o castigar a migrantes y sus familias, extorsionar a cambio de dinero o actos sexuales, forzar la retirada de solicitudes de asilo, aceptar la repatriación voluntaria, de que proporcionen información y permitan que se tomen sus huellas digitales.

Entre más larga es la situación de detención arbitraria, dijo, más intenso es el sufrimiento mental y emocional, y más altas son las probabilidades de que se esté incumpliendo la prohibición de la tortura y los malos tratos.

Por todo lo anterior, el especialista subrayó que los estados deben permitir a los migrantes solicitar protección internacional y recurrir cualquier decisión sobre su detención, tratamiento o deportación ante un juez competente o autoridad administrativa.

De igual forma, urgió a las autoridades de todos los países miembros de Naciones Unidas a dejar de basar sus políticas migratorias en la disuasión, criminalización y discriminación.

“La única manera de poner un fin al sufrimiento causado por el tráfico abusivo de migrantes, y las detenciones arbitrarias, es proveyendo a migrantes de rutas migratorias seguras y regulares, asegurando la protección efectiva de sus derechos humanos, no sólo en teoría, sino en la práctica, recalcó Melzer.