A más de una década de que se extinguió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) aún se encuentran en trámite 244 averiguaciones previas relacionadas con grupos armados, casos de desaparición forzada y la llamada guerra sucia de los años 70 y 80 del siglo pasado en México.

Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que entre las averiguaciones que siguen en investigación se encuentra la de Rosendo Radilla, uno de los casos emblemáticos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) condenó al gobierno mexicano y generó modificaciones en materia de defensa de las garantías individuales.

En respuesta a una solicitud de información pública, la PGR informó que la Coordinación General de Investigación, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, tiene en calidad de trámite 244 expedientes relacionados con la extinta Femospp, la cual se creó en 2002 y desapareció en 2007.

Sin embargo, la institución ministerial mantiene en reserva la información que contiene cada una de las indagatorias que se iniciaron entre 2002 y 2005, ya que se encuentran en etapa de indagación, en la cual el Ministerio Público Federal reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, contar con los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

La PGR señaló en su respuesta que la información de cada uno de los expedientes fue reservada por un periodo de cinco años, ya que de revelarse o hacerse del conocimiento público lo solicitado, causaría daños, entre ellos expondría la eficacia de la PGR y si la información se difunde deja expuesta la capacidad para llevar a cabo diligencias e investigaciones.

Asimismo, a pesar del tiempo transcurrido, no sólo desde que se extinguió la Femospp, sino de la época en que ocurrieron los hechos denunciados, que en algunos casos son más de 40 años, la PGR señala que no puede dar a conocer el avance de las indagatorias porque se pondrían en riesgo las actividades de prevención o persecución de los delitos, ya que se impediría u obstaculizarían las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos y de las atribuciones que ejerce el Ministerio Público Federal.