El Sistema Nacional Anticorrupción puede tener un efecto positivo si funciona de manera adecuada, pero si el país continúa sin un fiscal del área no se podrán castigar e inhibir las conductas corruptas que se observan actualmente, señaló José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que la corrupción es una condición de apropiación patrimonialista, quien está en el cargo público o privado cree que le pertenece el ejercicio de la función y que puede hacer cosas más allá de lo que dispone la ley para efecto de apropiarse de bienes y de recursos. Por ello, expreso, es necesario encontrar un mecanismo que inhiba éstas conductas para generar efectos demostrativos de que delinquir es riesgoso.

Al participar en la segunda Conferencia internacional seguridad y justicia en la democracia: hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos, expresó que la corrupción es endémica y sistemática, que va de la mano de la impunidad y afecta el voto ciudadano.

“Si hay corrupción pública o partidista la posibilidad de esa idea simple de un ciudadano iluminado, extraordinariamente informado, que en un acto concreto, total de voluntad va y deposita el voto por aquel partido o candidato que le parezca mejor, desde luego se distorsiona, porque hay un conjunto de filtros para que esa persona deposite el sufragio en razón de recibir una tinaco, varilla, cemento o concesión de alguna actividad simple y sencillamente para entrar a programas de regularización de tierra como hemos visto históricamente en el país.

La idea de la torta y refresco no opera más, ya no es pago por evento, sino son formas mucho más sofisticadas de coacción del voto mediante el relleno de puntos en unas cartillas para al final de cuentas ser canjeado por un bien o un servicio, principalmente bien en estos casos, de forma tal que la corrupción sí lo afecta.