Los ombudsperson de América Latina solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los acompañe en su demanda para que los gobiernos de la región reconozcan la existencia del desplazamiento forzado interno, lo legislen y acepten el decálogo de propuestas que se les ha presentado para proteger a quienes se ven obligados a dejar sus lugares de origen.

En el 167 periodo de sesiones de la CIDH, que se realiza en Bogotá, Colombia, y en un hecho sin precedente, las instituciones de derechos humanos comparecieron de manera conjunta ante esta instancia, donde indicaron que este fenómeno afecta a millones de personas.

Las cifras oficiales son contundentes: en Colombia el número de desplazados alcanza los 7 millones 338 mil 916 personas; en México hay al menos 35 mil personas en esa condición, aunque la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reportó que entre 2009 y enero de 2017 la cifra alcanza los 310 mil desplazados. En Honduras, el organismo nacional de derechos humanos recibió 750 denuncias por este fenómeno en 2016, en tanto que hay 150 mil guatemaltecos refugiados en México de 1960 a la fecha.

A nombre de los titulares de estas instituciones de defensa de garantías de la región, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, enfatizó que el problema ha crecido debido a la violencia, violaciones a los derechos humanos, desastres por fenómenos naturales y proyectos del llamado desarrollo