Por cada dólar que se invierte en tratamientos y rehabilitación de usuarios de drogas, se ahorran siete por la disminución de la delincuencia, y sube a 12 dólares con lo que se deja de invertir en atención médica, advierte el Informe 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Este es uno de los temas centrales que en esta ocasión aborda el organismo y recomienda a los países que incrementen la oferta de servicios de salud, sobre todo en América Latina, donde sólo uno de cada 11 pacientes tiene acceso a terapias, mientras a escala global el promedio es de uno de cada seis individuos.

En México sólo hay capacidad para atender a 8 por ciento de los adictos. Para eso alcanza, reconoció Carmen Fernández, directora de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), e hizo un llamado a los legisladores para que incrementen el presupuesto destinado a la prevención y control de adicciones. A los candidatos a puestos de elección popular les pidió que se comprometan con esta compleja problemática.

En otro tema, el informe de la JIFE subraya la necesidad urgente de asegurar el acceso a los medicamentos opioides para el control del dolor, a fin de terminar con las disparidades, pues en países desarrollados hay una alta disponibilidad de estos productos, sobre prescripción incluso, mientras que en muchas naciones subdesarrolladas los afectados carecen de acceso.

Martín del Campo recordó la situación en Estados Unidos, donde al año mueren más de 65 mil personas por consumo de opioides; en tanto, que la permisividad para fumar mariguana ha llevado al incremento de un millón de consumidores, de los cuales la mitad ya son adictos a la yerba.

El reporte de JIFE se presentó ayer en un acto realizado en la Secretaría de Salud (Ssa) y fue organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, comentó el contenido del documento. Resaltó que 5 por ciento de la carga global de enfermedad es por consumo de alcohol y drogas, pero las deficiencias más severas están en los países de bajos ingresos.

Mientras en las naciones desarrolladas hay 1.7 camas para tratamiento de adicciones por cada 100 mil habitantes, en las de menores ingresos la relación es de 0.7 por 100 mil. En cuanto a la inversión económica, en los primeros alcanza los 50 dólares per cápita anual. Para los países más pobres es de apenas dos dólares.

Modificar esta situación tendría repercusiones positivas en todos sentidos, como que dar tratamientos a los usuarios de estupefacientes es cinco veces más barato que mantenerlos en la cárcel. Además, el acceso a las terapias y la rehabilitación debe ser parte del derecho humano a la protección de la salud y es obligación del Estado garantizar su cumplimiento con servicios accesibles y asequibles, donde sea posible la detección temprana de las adicciones.

De igual forma debe existir la certeza de que los tratamientos serán voluntarios y respetuosos de los derechos humanos.

Respecto a la mariguana, la JIFE insistió en que únicamente es válida su legalización con fines médicos y de investigación. Recomienda evitar el término de mariguana medicinal porque se presta a confusión y a que se reduzca la percepción de riesgo en la población. De hecho, eso explicaría, en parte, que en cinco años se haya duplicado el consumo entre adolescentes en México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.