Magistrados, representantes de juntas de conciliación y especialistas, demandaron en el Senado que se fije un plazo de cinco años, por lo menos, para la transición al nuevo sistema de justicia laboral, toda vez que ni siquiera se han sentado las bases del mismo y ni el Ejecutivo ni el Congreso previeron los recursos económicos necesarios para ponerla en marcha.

Si la ley reglamentaria sobre justicia laboral se aprueba sin el presupuesto requerido, será un fracaso, advirtieron, durante un foro de discusión organizado por el PRD.

La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Rojas Olvera, reveló que tan sólo en la Ciudad de México se requieren mil 200 millones de pesos para poner en marcha esa reforma constitucional, que tiene como objetivo crear un sistema expedito de justicia laboral.

Hizo notar que el argumento que se esgrimió para desaparecer las juntas fue que los juicios laborales en promedio tardaban en resolverse cuatro años y de tres a cuatro meses con el nuevo, pero en realidad la situación será la misma, porque al igual que ahora, no hay recursos para hacer frente al incremento de demandas, que suman 70 mil al año.

Ni en la reforma constitucional, ni ahora en las iniciativas sobre la ley secundaria, se consideró el impacto presupuestal, recalcó.

Por su parte, la magistrada laboral, María del Rosario Jiménez Moles, resaltó que hay un millón de juicios laborales por resolver en las 66 juntas especiales de la junta federal y en las más de 20 de la local.

El rezago, insistió, se debe a que no hay personal suficiente para dar celeridad a los casos. Cada juicio, dijo, tiene un costo promedio de 81 mil pesos y a ello se debe sumar, dijo, el presupuesto requerido para liquidar al personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y crear dos nuevos organismos, el nuevo instituto encargado de la conciliación y el tribunal laboral.

Ambos coincidieron en la necesidad de una vacatio legis, es decir, un plazo mayor para la puesta en marcha gradual del nuevo sistema.

El académico de la UNAM Miguel Carbonell consideró un profundo error de técnica legislativa, haber fijado en la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2017, un año de plazo para su puesta en marcha.

No sé por qué se dispuso sólo un año para la reforma laboral, si en el caso del nuevo sistema de justicia penal, fueron ocho.

Rojas Olvera explicó que se requieren por lo menos cinco años para la transición: los dos primeros para la discusión del procedimiento y los siguientes tres para capacitar al personal y poner en marcha el Instituto de Capacitación y el Tribunal Laboral.

Al respecto, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que pedirá al PRI que reconozca que el tiempo que fijó el Congreso para echar a andar esa reforma no es suficiente y se acuerde ampliarlo.