Un total de 468 servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), de 30 estados de la República, fueron suspendidos de manera precautoria por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por haber cometido irregularidades en la puesta en marcha del Programa de Pensión para Adultos Mayores, conocido como 65 y Más.

En un comunicado, la SFP explicó que tras la realización de una auditoría iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015, se acreditó que los promotores sancionados plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios del programa.

Lo anterior, confirmaron fuentes cercanas al tema, significa que los servidores públicos involucrados en este caso plasmaron sus propias huellas, en vez de las de los adultos mayores que ellos habían registrado, con el propósito de quedarse con su dinero.

Esas mismas fuentes detallaron que del universo de 468 funcionarios sancionados, a 405 ya se les inició un proceso de sanción administrativa, 363 ya declararon y 75 ya se les impuso una multa.

El organismo, mediante su Órgano Interno de Control, dio vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedesol, que a su vez presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR)

Una vez cumplido este paso, compete a la PGR iniciar las investigaciones correspondientes contra los servidores públicos señalados.

La Sedeso se dio cuenta en 2016 de que un grupo de promotores del Programa 65 y Más estaban cobrando el dinero correspondiente a 3 mil 900 beneficiarios, luego de detectar que una misma huella se había registrado para identificar a 100 personas.

Durante algunos meses, los funcionarios participantes en este esquema de fraude cobraron los mil 960 pesos que correspondían a los adultos mayores inscritos en el programa.

Al detectarse esta operación, ya se habían desviado unos 19 millones de pesos, en operaciones donde participaron servidores públicos de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Hidalgo y Coahuila.

En el reciente informe de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó otra irregularidad grave en el Programa para Adultos Mayores, en el cual la Sedeso pagó más de 3 mil millones de pesos a beneficiarios que ya habían fallecido, se encontraban no localizados o cuyos nombres estaban duplicados en la lista de beneficiarios.