En 2016, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) dispuso de una bolsa millonaria para otorgar apoyos al campo, pero debido a la falta de un padrón riguroso de los beneficiarios de los programas sociales, buena parte de dichos fondos fueron malversados por irregularidades diversas, como dar recursos a personas ya fallecidas o que no comprobaron haberlos utilizados para su fin original.

Así lo indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la cuenta pública 2016, donde el análisis realizado en uno solo de los mencionados programas reveló malos manejos por más de 130 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo revisor, en el año en cuestión la Sagarpa operó 14 programas con un monto de 65 mil 157.4 millones de pesos –equivalentes a 52 por ciento de los 124 mil 218 millones destinados para el desarrollo económico en el sector primario–, pero sin que hubiera un padrón exacto de la población por beneficiar, lo cual disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos.

Una de las principales omisiones de la Sagarpa, de acuerdo con la ASF, es que aún no ha concluido los manuales y lineamientos del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, ni tampoco ha constituido los censos específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios.

En la auditoría, identificada con la clave 288-DE, realizada al Programa de Fomento a la Agricultura Proagro Productivo, se documentaron varios errores de aplicación del esquema el año antepasado, que generaron probables daños a la hacienda pública.

Uno de los ejemplos que destaca la ASF es el otorgamiento de apoyos en demasía a 84 personas físicas, luego de que se les autorizaran incentivos por superficies superiores a 80 hectáreas establecidas en la normativa por ciclo agrícola, lo cual generó pérdidas al erario por 5 millones 608 mil pesos.

De igual forma, a 42 mil 253 personas se les dieron pagos excesivos al otorgarles un incentivo mayor del que les correspondía por los rubros de agricultura de autoconsumo, de transición y comercial. Lo anterior provocó un quebranto de 41 millones 815 mil pesos.

Otro de los errores cometidos al ejecutar el citado programa fue no verificar directamente los predios que recibieron apoyos gubernamentales, para corroborar que sus dueños estuvieran con vida, utilizando para ello el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

La consecuencia fue que se otorgaron 3 millones 229 mil pesos a 752 personas de 20 entidades federativas por los ciclos agrícolas otoño-invierno 2015 y primavera-verano 2016, las cuales ya habían fallecido antes de la fecha en que autorizó el pago de esos apoyos.

En otro caso de malos manejos, se comprobó que 25 mil 64 beneficiarios de Proagro Productivo de todos los estados del país no lograron comprobar que hubieran utilizado los recursos recibidos para mejorar su producción agrícola. El resultado de ello fue un posible daño al erario por 79 millones 498 mil pesos.

Asimismo, la auditoría realizada indicó que en 2016 se otorgaron apoyos por un monto de un millón 480 mil pesos a 174 personas que se desempeñan de servidoras públicas, y que por lo tanto no eran elegibles para recibir dichos fondos.

Otras irregularidades, con montos menores de daños económicos, se refieren a casos de productores que sembraron cultivos distintos a los originalmente planeados, no comprobaron haber cosechado nada o recibieron fondos sin haber entregado toda la documentación requerida.