Un juez de control federal vinculó a proceso a Javier Nava Soria (denominado por las autoridades JNS), contador y uno de los principales operadores de la red de corrupción que presuntamente encabezaba el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público Federal acusa a Nava Soria del desvío de 223 millones 300 mil pesos 963 pesos a través de la empresa fachada Brades, de la que fue comisario, recursos del erario de Veracruz, entre 2011 y 2016, algunos de la Secretaría de Educación estatal durante la administración del ex mandatario.

El imputado permanecerá en el Reclusorio Norte –donde también se encuentra Duarte–, ya que el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa y justificada. Además, concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) seis meses de plazo para la investigación complementaria.

Los fiscales solicitarán asistencia jurídica a Estados Unidos para verificar la identidad de dos cuentas de correo electrónico y un perfil de Facebook relacionados con Nava Soria, además de recabar datos del Registro Público de la Propiedad de las empresas constituidas por la supuesta red de corrupción y lavado que tendría como líder al ex mandatario estatal, así como el testimonio de las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, ex presidenta y ex secretaria del consorcio Brades, quienes ya cumplen condena de más de tres años por el delito de lavado de dinero.

Ayer continuó la diligencia inicial que duró tres horas y donde el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia consideró suficientes y razonables los 43 datos de prueba que presentó la PGR.

Por su parte, Nava Soria negó ser comisario de Brades, así como tampoco aceptó la responsabilidad en los delitos que la fiscalía le imputa. Declaró que es casado, padres de dos hijas y de profesión contador público con un despacho que manejaba alrededor de 100 clientes entre personas físicas y morales.

Asimismo, dijo que nunca firmó documentos vinculados con operaciones ilícitas y que sólo realizaba trámites fiscales. Sin embargo, su abogado no ofreció más documentos de prueba a favor y también rechazó las imputaciones de la fiscalía.

La defensa también argumentó que España negó la extradición a México de su defendido, al considerar que no se cumplieron las formalidades y los agentes no fueron para acreditar que cometió delitos en territorio mexicano. El juez federal respondió que esa declaración no era suficiente para desvirtuar las pruebas que obran en su perjuicio y agregó que entre los datos de prueba que presentó la PGR, entre ellos contratos, compraventa de terrenos, estados de cuenta bancarios, informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y dictámenes periciales, había dos importantes para vincularlo a proceso: el testimonio de José Juan Janeiro, testigo colaborador de la procuraduría, y el de las hermanas Arzate Peralta.

Nava fue deportado el 20 de febrero de este años a México por el gobierno de España en virtud de que permaneció de forma irregular en territorio en ese país y porque contaba con una ficha roja de Interpol.