La Suprema Corte determinó que si un efectivo del Ejército en activo se aprovecha de los recursos asignados e incurre en actos que fomenten o faciliten el narcotráfico, se le procesará en un juzgado militar y no en uno civil.

De acuerdo con el Código Penal, los delitos contra la salud se desahogan en procesos atraídos por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, con la resolución de la Corte deberán ser juzgados en un tribunal militar, siempre y cuando no haya civiles involucrados ni se trate de violaciones a derechos humanos.

El pleno de la Corte analizó un amparo promovido por el teniente César Flores Guzmán, quien el 18 de marzo de 2013, cuando era comandante, localizó ocho maletas con cocaína en una finca de Reynosa, Tamaulipas, presuntamente de Los Zetas. Sin embargo, él y otro soldado sólo entregaron seis a sus superiores y las otras a presuntos integrantes del cártel del Golfo. Ambos pidieron al resto de la tropa no reportar el hecho.