El Estado mexicano ha fracasado en su función básica de brindar justicia y seguridad para procurar la protección de la vida, la integridad y los bienes de la población. La evidencia es irrefutable: el país acaba de vivir el año más violento de las décadas recientes (con más de 46 mil homicidios) y los índices de criminalidad van en aumento, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al participar en la inauguración de la segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, organizada por el organismo a su cargo y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ombudsman aseveró que es necesaria la reconstrucción de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, que deben colocar en el centro a las personas y sus derechos.

El objetivo de la conferencia es que especialistas debatan sobre la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta el país y propongan soluciones. En junio de 2011 se realizó la primera edición, que fue coordinada por el destacado constitucionalista universitario Jorge Carpizo (fallecido en marzo de 2012), y elaboró 36 propuestas concretas. El documento fue presentado por el entonces rector José Narro Robles a representantes de los poderes de la Unión, a los gobiernos locales y a quienes aspiraban a la Presidencia de la República, entre ellos al hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Pero no tuvo ningún eco.

Las autoridades optaron por caminos y rutas distintas a las sugeridas. Las estrategias no se centraron en la prevención del delito, el abatimiento de la impunidad, la reducción del número de muertes y de lesionados, la preservación de la integridad de las personas y la defensa de sus derechos humanos. A casi siete años de distancia, la realidad ha puesto en evidencia que las acciones emprendidas por los distintos niveles de gobierno no fueron eficaces ni eficientes. El entorno complejo que se enfrentaba en nuestro país en 2011 no es más alentador en 2018, lamentó el ombudsman.

Agregó que la respuesta a la violencia y la inseguridad no radica en reducir o eliminar los derechos y libertades de las personas ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley.

Lamentó que se haya dejado de lado la prevención y que las estrategias sean reactivas. Dio dos datos: entre 2007 y 2014, los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional se incrementaron casi 400 por ciento y el número de militares desplegados aumentó casi 70 por ciento, mientras la dotación de recursos para policías civiles no presentó las mismas tasas de desarrollo; además, el gasto federal se duplicó en seguriad al pasar de 130 mil millones en 2006 a 264 mil en 2016. Si sumamos los recursos que desde 1996 se han erogado en este rubro habríamos superado el millón de millones de pesos con resultados que están lejos de ser, cuando menos, aceptables.

La abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, sostuvo que la respuesta a la crisis de inseguridad ha sido una política de mano dura que supone, entre otras cosas, la ampliación del catálogo de delitos, el endurecimiento de las penas, mayor control policiaco y la militarización del país. Son falsas salidas que lejos de representar una solución, agravan la situación, pues implican violaciones a derechos humanos.

El rector Enrique Graue Wiechers dijo que la vinculación de seguridad, justicia y derechos humanos son la única forma de vivir en paz. Por eso debe ser una política de Estado, y más que una política es una obligación del Estado.

Infortunadamente, señaló, el Estado está en deuda con los ciudadanos que aún añoran la seguridad y el respeto pleno a sus derechos. Muestra de esa deuda son las 150 mil vidas que ha cobrado la llamada guerra contra el narcotráfico o los datos que colocan a 2017 como el año más violento en nuestra historia reciente.