omo un huracán, un tornado, un tsunami o un terremoto, en cuyo caso la evidencia permite proyectar escenarios futuros, el fraude electoral como fenómeno también puede ser visualizado y proyectado por medio del análisis. Esta vez no se trata de un impacto desastroso sobre la vida material de una sociedad y sus ciudadanos, sino sobre lo que para Niklas Luhmann es la verdadera identidad de las sociedades: las instituciones y otras instancias etéreas o invisibles que hacen que una sociedad exista, perviva y se reproduzca por medio de la información. La democracia representativa requiere de un conjunto de elementos para hacerse efectiva; uno de ellos es el de las elecciones libres de representantes mediante el voto libre y secreto de todos sus miembros en edad de votar.

Durante dos intensos días 44 investigadores provenientes de instituciones académicas de México y de varias universidades estadunidenses y canadienses, debatieron en torno al estado de la democracia en México. El acto fue convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su nuevo programa Diálogos por la democracia (www.dialogosdemocraciaunam.mx). Las reflexiones que a continuación comparto provienen de ese ejercicio colectivo en el que participé. De las varias conclusiones surgidas de ahí destaca por su trascendencia y gravedad la idea de que en México está en construcción y en marcha un descomunal fraude electoral, que debe ser denunciado y desactivado. Esa percepción, compartida por la mayoría de los participantes, procede de tres conjuntos de evidencias: Lo primero es que las condiciones que han hecho que las élites acudan al fraude cada vez que se sienten amenazadas por un candidato independiente, como sucedió en 1955, 1988, 2006 y 2012, siguen más o menos vigentes. El segundo proviene de lo acaecido en las recientes dos elecciones estatales, Coahuila y estado de México, donde el partido en el poder aplicó en toda su extensión e intensidad el protocolo de un fraude perfeccionado en las décadas recientes. El tercero procede del contexto geopolítico internacional y apunta hacia el apoyo y complicidad del gobierno de Estados Unidos, el cual convalidó de inmediato el reciente fraude electoral, obsceno y descarado, de Honduras y presionó para que otros países, incluido México, lo avalaran. Quizás como nunca en la historia moderna, los ojos azules del imperio estadunidense están puestos en las elecciones mexicanas de 2018, como una mirada de águila sobre su presa.

El primer paso para detener el fraude electoral que se avecina, que es un fenómeno complejo, es el de comprenderlo cabalmente. Hay que hacer una disección de un proceso fraudulento, formado de varios mecanismos y componentes, que ocurren en tres tiempos: antes, durante y después de las elecciones. En cada una de estas tres fases operan diferentes trampas que al sumarse dan lugar a una elección no legítima. La primera etapa se caracteriza por la imposición o velada cooptación de puestos clave en las juntas locales y distritales y por las campañas de miedo, la alteración del padrón electoral, la guerra sucia en los medios de comunicación masiva y la compra de votos y de vigilantes de casillas mediante dinero, despensas, regalos diversos, puestos, y con las tarjetas distribuidas entre millones que movilizan enormes sumas de dinero provenientes de fuentes desconocidas y del lavado de dinero. Este fue el caso de Monex y Soriana en 2012 y de Salario Rosa y La Efectiva en 2017. De esta última se repartieron 25 mil tarjetas cada una con valor de 2 mil 750 pesos en el estado de México (http://www.proceso.com.mx/489939/ decalogo-del-fraude-electoral-la-eleccion-en-edomex). En el día de la elección los principales mecanismos de corrupción electoral son el acarreo, la coacción y bloqueo de votos independientes y por supuesto el conteo fraudulento y la falsificación de actas. Para que el lector se dé una idea durante la elección de gobernador en el estado de México la fiscalía electoral de la Federación recibió hasta 2 mil denuncias diarias, y en las redes sociales se mostraron centenares de fotografías con actas truqueadas. Todo lo anterior se verá difuminado, en la etapa posterior a la votación, si el instituto o consejo electoral que actúa como árbitro ha sido ya penetrado y prostituido por los agentes políticos de los partidos. Lo mismo se aplica a los tribunales electorales, donde la corrupción también doblega sus decisiones. Además, en esta fase existe la posibilidad del llamado fraude cibernético que, como ocurrió en 1988 y 2006, se usa para manipular los resultados de la votación mediante algoritmos matemáticos. Hoy, los estudios han detectado que el fraude electoral ha sido una práctica recurrente en 39 de los 300 distritos electorales en el país. Todo esto llevó al periodista Jenaro Villamil a escribir: “El mayor autoengaño político en México es la creencia de que las elecciones son libres, democráticas y equitativas. El fraude electoral ya no sólo lo aplica un partido: el PRI. Se ha ‘normalizado’ como práctica en el PAN, PRD y otros, ante la certeza de que el voto es una mercancía y no un derecho”.

¿Cómo evitar que este conjunto concatenado de fraudes se repita en la elección de 2018? La primera conclusión es que para detener el fraude se debe actuar de manera múltiple en toda la gama de situaciones y momentos arriba señalados. Lo primero que se va a necesitar es un ejército de observadores nacionales e internacionales y de organizaciones dedicadas a denunciar los actos fraudulentos a escala local, estatal y nacional. Aquí las universidades, que son los sectores más ilustrados e informados, pueden jugar un papel fundamental. Imagine, lector, solamente a los 350 mil estudiantes y los 50 mil investigadores, profesores, y empleados de la UNAM organizados para dar certeza a la elección. Por lo pronto, ha surgido ya una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, que deberá marcar los caminos a seguir. Detengamos el fraude. Aún estamos en tiempo.