El sistema de protección a refugiados en México está ante un posible colapso, pues las autoridades federales no han resuelto más de 7 mil solicitudes de asilo presentadas el año pasado, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En 2017 se presentaron 14 mil 595 solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –un máximo histórico–, de las cuales 7 mil 719 aún no son resueltas, lo que representa un rezago de casi 60 por ciento, detalló el organismo.

Demandó dar solución a esta problemática, pues la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que las solicitudes deben ser respondidas en un máximo de 45 días hábiles.

“Tal situación preocupa, al considerar que han sido reportados 2 mil 400 procedimientos abandonados y desistidos, presumiblemente como respuesta a los largos plazos de resolución y la poca información que se proporciona a los interesados, lo que se traduce en una negación de facto a la protección internacional”, planteó la CNDH.

Recordó que el pasado 30 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos de los procedimientos que lleve a cabo la Coordinación General de la Comar en Ciudad de México, teniendo como argumento central la falta de capacidad operativa para garantizar el desarrollo de éstos en condiciones que permitieran dar certeza y seguridad jurídica.

Suspensión que hasta la fecha continúa y más que generar certeza ha provocado inseguridad y desánimo en la gran mayoría de los solicitantes, que no saben cuándo tendrán una respuesta a su solicitud, lamentó el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez en un posicionamiento al respecto.

Esto es preocupante. Tan sólo en Ciudad de México el alto número de solicitudes de la condición de refugiado representa un impacto para más de 3 mil 600 personas que esperan una resolución a su petición, y quienes después de más de tres meses de incertidumbre no cuentan con protección efectiva o respuesta contundente por parte de la Comar para brindarles protección en nuestro país.

Consideró necesario que esta instancia reinicie sus actividades en la capital del país. El argumento para suspender plazos y términos en forma indefinida en Ciudad de México, por las condiciones de su inmueble después del sismo de septiembre de 2017, no otorga seguridad jurídica a los solicitantes, indicó.

De acuerdo con las quejas presentadas ante la CNDH, el tratamiento que se brinda a los solicitantes podría ser diferenciado, pues se han documentado casos en que los procedimientos fueron suspendidos con antelación a la publicación del citado acuerdo, y otros que tuvieron una duración superior a los cuatro meses, cuando el término máximo de resolución es de 45 días.

Para la CNDH resulta indispensable que a la brevedad se determine la respuesta de protección que el Estado mexicano brindará a esta población solicitante de la condición de refugiado y de aquellos que reciben protección complementaria, en concordancia con los compromisos internacionales que el mismo ha adquirido a través de la Declaración y Plan de Acción de Brasil, Declaración de San José y Nueva York, señaló el organismo.

El 21 de febrero de este año, la CNDH dirigió un oficio a la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, en el que externa esta preocupación y le solicita conocer la estrategia que se ha seguido y las acciones emprendidas para dar una respuesta a los solicitantes de refugio.