La sistemática sobrepresupuestación que ha realizado el Instituto Nacional Electoral (INE) le permitió obtener un remanente en 2017 que ascendió a 793 millones de pesos, casi equivalente a los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados le recortó para este año, advierte el informe del Órgano Interno de Control (OIC) del organismo. En los últimos tres años, los remanentes presupuestales del INE ascienden a casi 2 mil millones de pesos: 622 millones en 2015 y 588.7 millones en 2016.

En las conclusiones del OIC subraya que las dimensiones del remanente presupuestal de 2017 le permitieron que, a pesar del recorte presupuestal que para ese ejercicio aprobaran los diputados de 300 millones de pesos, disponer con 730 millones de pesos para aportar 167 millones de pesos al Fideicomiso del Pasivo Laboral; adelantar el gasto de 413 millones de pesos para la impresión y distribución de documentación electoral de los comicios de este año y reintegrar 115 millones de pesos obtenidos bajo el rubro de ahorros y economías.

Al desglosar un cuestionado manejo presupuestal en el INE, más adelante el OIC subraya, además, un elevado monto de adecuaciones compensadas que refleja una mala planeación presupuestal, pues, bajo esta figura, gran parte de los recursos del presupuesto de operación se utilizaron finalmente para otros objetivos ajenos a los originalmente establecidos.

Según el documento, de los 10 mil 932 millones de pesos aprobados, 8 mil 479 millones se consideraron dentro del rubro de adecuaciones compensadas, es decir, 77.6 por ciento del total. Situaciones similares se registraron en 2015 y 2016: en el primer caso, del presuesto aprobado fue de 13 mil 216 millones de pesos, de los cuales 100 por ciento se ejercieron por la vía de adecuaciones compensadas y en 2016, de los 11 mil 442 millones de pesos, 8 mil 102 –70 por ciento– fueron adecuaciones compensadas.

Otro aspecto presupuestal-financiero que el instituto no ha logrado corregir tiene que ver con el monto de las adecuaciones compensadas, mismas que le permiten redireccionar el gasto hacia objetivos diferentes a los originalmente aprobados, lo que denota un deficiente trabajo de planeación o la oportunidad de utilizar discrecionalmente los recursos y obliga al instituto a reasignar los recursos varias veces durante el año para colocarlos en la partida presupuestal en la que, en definitiva, se erogarán, advierte el OIC.

De acuerdo con el informe del OIC que será presentado en la próxima sesión de Consejo General, se hace énfasis en que gran parte de los subejercicios que se concentraron principalmente en la Dirección del Registro Federal de Electores –186.7 millones de pesos–; la Unidad Técnica de Servicios de Informática –88.5 por ciento– y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con 78.2 millones de pesos.

En otro rubro donde el informe es particularmente crítico es en el correspondiente al capítulo 1000, para el cual, en 2017, se asignaron 7 mil 372 millones de pesos, de los cuales solamente se gastaron 6 mil 79, es decir, generó una disponibilidad de 393 millones de pesos. El OIC apunta que del análisis de la evolución que ha tenido la plantilla modificada respecto de la plantilla autorizada durante el periodo julio-diciembre 2017 se advirtió que de las 37 mil 450 plazas autorizadas (de base de operación y proyectos) tuvieron un nivel máximo de ocupación de 62 por ciento. Es así que el capítulo 1000 genera, mes a mes, disponibilidades presupuestales que se puede destinar a distintos fines.

La OIC censura que la diferencia entre plazas solicitadas y autorizadas para la plantilla base de operación aumentaron de 12 mil 317 en 2012 a 17 mil 520 en 2017, es decir, un aumento de 5 mil 203 plazas.