ecientemente se divulgaron tres propuestas que confirman el extravío –de décadas– para establecer prioridades sanitarias en la misión sectorial. Constituyen, además, líneas fuga de pura continuidad de lo que se reforma fallidamente desde el cambio estructural soberonista hace 36 años.

Las tres podrían integrarse, indistintamente, a las plataformas de las coaliciones partidarias Mead o Anaya (si el PRD lo permitiera). Son más de lo mismo pero, ciertamente, degradado respecto a sus versiones originales. Las tres son incapaces de centrar en el Sistema Nacional de Salud esas prioridades, tal como hoy las establece el debate mundial: desplazan al paciente invocando su defensa y derivan su esencialidad sin erigir políticas preventivas reales. Todas buscan reformas fiscales para mejorar la salud.

La primera (Levy, S., 2017, Seguridad social. Una salida al callejón sin salida, ¿Y ahora qué?, coord. Héctor Aguilar Camín, Nexos) recicla la misma –inviable– propuesta del remoto 2008. Sin extraer enseñanza del anunciado desplome de la universalidad Peña-Mercedes Juan-Funsalud –cursada durante 2012-15– Levy repite –sin novedad– el insípido sermón de su reiteradamente rechazada seguridad social universal, revistiéndolo de un desubicado tono avilacamachista. Como antes, su alternativa resume una disfrazada reforma fiscal, que aumenta impuestos al consumo (IVA), reduciendo simultáneamente gravámenes y contribuciones patronales, ofreciendo como gancho nuevos derechos compactados a la baja. Levy quiere deslaboralizar la seguridad social integral sustituyéndola por una caricatura de universalidad mínima, financiada por toda la sociedad, ahora vía impuestos generales. La propuesta representa, hoy, el único recurso defensivo de la mano de quienes renuncian abiertamente a sacudir las políticas económico-laborales del ciclo neoliberal, escudándose en un gradualismo acotado a la implementación de políticas públicas liberales con orientación socialdemócrata, ya ensayadas con malos resultados. Se trata de deslaboralizar fiscalmente a la seguridad social.

La segunda –Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2018, Estado y perspectivas del Sistema Nacional de Salud– igualmente recicla otra alternativa explorada en 2013 con nulos resultados. Ahora, arropada por 17 expertos como coartada, busca –como Levy– una reforma fiscal (aumentando IVA) para mejorar la salud, también sustituyendo la seguridad social integral por una confusa protección social como cuarta generación de reformas. Aunque –respecto a su antecedente– renuncia a sustituir el derecho a la salud con las degradadas garantías explícitas ensayadas sin éxito por Peña-Mercedes Juan-Funsalud durante 2013-2015. Entonces, Verónica Malo declaró: no es costeable para el Estado un seguro amplísimo que cubra todos los padecimientos. Se propone atención básica, atención primaria con un paquete específico de enfermedades.

A cambio, el CEEY retoma el fallido Acuerdo para la Universalización de los Servicios de Salud que el Dr. Narro ofreciera a Peña para terminar el sexenio cumpliendo algo en materia de universalidad. Pero como con el estudio de Amis-Funsalud (2015), Hacia la cobertura universal de la protección financiera de la salud, el CEEY se escuda en los altos costos de las enfermedades crónicas –y sus pacientes– para forzar desde ahí el reclamo por una mezcla público-privada en beneficio de la política de atención de daños que orienta al sector asegurador. Tal como publicita José Campillo (Funsalud): ese crecimiento de crónicas nos va a llevar a gastos imposibles de sufragar en 2030. CEEY también quiere deslaboralizar fiscalmente la seguridad social.

En la tercera, Julio Frenk y colaboradores. ( La brecha de la salud, Nexos, 2/2018), omitiendo la recentralización así como la inédita corrupción, saqueo e impunidad endémica desplegada durante el peñismo, componen una –increíble, por irreal– oda fantástica de logros del Seguro Popular que sólo confirma que 15 años después sus estructurales fallas de diseño –obra del propio Frenk– derivan de ese mismo diseño incapaz de establecer nunca prioridades sanitarias. El Seguro Popular jamás entró siquera a ellas.

Pero como Levy y el CEEY, Frenk también quiere incrementar el gasto en salud, ignorando olímpicamente el estado de la comprometida reforma IMSS-1997; las fallidas descentralizaciones sectoriales de la décadas de 1980 (Soberón) y 1990 (De la Fuente/Narro), sobre las que él montó el malogrado Seguro Popular, así como la reforma Issste-2007 que nació sanitariamente muerta.

Como el CEEY, Frenk se escuda también en los altos costos de las enfermedades crónicas y sus pacientes, para sólo repetir la propuesta inviable de Amis-Funsalud (2015): explorar el potencial de la mezcla público-privada bajo un marco regulatorio adecuado.

Fotocopiando la interesada visión de Frenk sobre la brecha entre oferta y demanda –que el propio Seguro Popular del mismo Frenk agrandó– Pablo Escandón Cusi (presidente del Consejo Directivo de Funsalud), sólo puede repetir que es necesario tomar decisiones para incrementar el gasto público en salud y ampliar la capacidad de elección de los pacientes con una mezcla público-privada de prestadores ( Reforma, 20/2.18), ya probada –sin resultados– en el inviable estudio de Amis-Funsalud (2015).

Gracias a las revelaciones de los Papeles de Panamá, Escandón Cusi, propietario de Nacional de Drogas (Nadro), es investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por la supuesta compra irregular de la distribuidora farmacéutica Marzam vía su esposa Marina Matarazzo.

Frente a estas recicladas propuestas fiscales-extrasanitarias, el desafío del gobierno entrante (2018) consiste en dotar de seguridad social integral a todos. Ahí iniciaría un verdadero cambio. Para ello es indispensable fortalecer, primero, los equipos que brindan la atención: el frente operativo y activar una combinación propositiva-viable entre la oferta público-privada.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco