Madrid.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena interrogó este lunes a dos de las principales dirigentes independentistas catalanas, Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y Marta Pascal, del Partido Demócrata de Catalunya (PDeCAT), por su presunta vinculación con la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Rovira quedó en libertad bajo fianza de 60 mil euros (un millón 300 mil pesos) y Pascal en libertad sin medidas cautelares ni cargos.

El juez Llarena instruye la causa contra los líderes independentistas catalanes acusados de rebelión, sedición y malversación. Mantiene en prisión al ex vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de ERC, Oriol Junqueras, así como al ex consejero de Interior, Joaquim Forn, y a los presidentes de Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, respectivamente.

También mantiene la orden de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que en octubre se refugiaron en Bélgica.

Rovira, quien quedó en libertad debido a que el juez pidió que la fianza sea abonada en un plazo razonable, explicó en su comparecencia que durante la votación del referendo del primero de octubre ella propuso a Puigdemont que suspendiera los comicios para evitar que se generara más violencia.

Sin embargo, indicó, Puigdemont se negó a hacerlo con el argumento de que había mucha gente a la espera de votar y no se le podía negar ese derecho. Rovira aseguró ante el juez que la declaración de independencia era una manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior.

Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, declaró que siempre apostó por la legalidad y la Constitución y se mostró en contra de la declaración unilateral de independencia.

En otro orden, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, imputó un nuevo delito de sedición al ex mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por su actuación durante el referendo del primero de octubre. El agente catalán tendrá que testificar este viernes para dar su versión de los hechos, por los que podría ser inhabilitado y condenado a más de 10 años de cárcel.