El juez cuarto de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió el amparo de la justicia federal a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para obligar al Congreso de Tlaxcala a expedir su ley estatal en materia de combate a la corrupción y le impuso el próximo 29 de abril como fecha límite.

El juzgado federal consideró que –como otros congresos locales– el Poder Legislativo de Tlaxcala incurrió en omisiones, por lo que consideró procedente el juicio de amparo, y siguiendo el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que los quejosos, como integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, tienen interés legítimo.

En consecuencia, al analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, el juez estimó que la omisión reclamada al Congreso de Tlaxcala vulnera el derecho humano a constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo, con igualdad de oportunidades, eliminación de la pobreza crítica y una distribución equitativa de la riqueza, el ingreso, así como la plena participación de los pueblos en las decisiones relativas al propio desarrollo.

Así, se concluyó que el Congreso, al incurrir en la omisión de expedir su legislación estatal anticorrupción, vulneró lo dispuesto en el artículo 113 constitucional, pues con ello impide concretar debidamente los propósitos para los que fue creado el Sistema Nacional en la materia.