El empresario Joaquín Gilberto Treviño Dávila renunció a la presidencia del Comité Anticorrupción del estado, cargo en el que fue nombrado hace dos días, luego del escándalo que se produjo por llamar maricones a los homosexuales frente a diputados que analizaban su perfil para formar parte del organismo.

La renuncia la hizo en sus redes sociales; sin embargo, el vocero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción, Carlos Rivera, manifestó que hasta este viernes Treviño Dávila no ha presentado su dimisión por escrito, por lo que sigue en funciones.

En la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso local confirmaron que no hay ningún documento ni comunicación oficial de Treviño Dávila en la que manifieste que no participará en el organismo ciudadano.

Los miembros del Comité Anticorrupción se han reunido en al menos tres ocasiones en 24 horas para analizar el tema y definir si le piden renuncia o él mismo la presenta de manera oficial.

El vocero dijo que uno de los impedimentos para remover a Treviño Dávila es que en la reglamentación no se dan facultades a la comisión de selección para remover a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

En el estudio de la documentación no se establece un procedimiento de destitución, no tenemos esa facultad, dijo Carlos Rivera.

En tanto, Hiram González, activista de la organización Cheros, de la comunidad gay de la ciudad de Chihuahua, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra Treviño Dávila por los comentarios homofóbicos.

El empresario dijo que los diputados están más preocupados en casar maricones y ver cómo le hacen para quitarle el nombre y el apellido al acta de nacimiento (sic) que en revisar leyes de otra índole. El activista explicó que presentó la denuncia al tomar de premisa la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dictaminó que las palabras puñal o maricón son consideradas homofóbicas.

Restituyen a magistrado

Un tribunal colegiado ordenó ayer la restitución del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez al frente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al concederle la suspensión definitiva conforme al juicio de amparo 1847/2017 que antes había rechazado el juzgado primero de distrito.

Se trata del segundo revés jurídico que recibe en la semana el Consejo de la Judicatura de Chihuahua, pues apenas el jueves pasado, otro acusado, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes obtuvo un amparo federal que lo restituye como magistrado de la cuarta sala de lo familiar.

La Judicatura estatal determinó en diciembre anterior suspender a Ramírez Alvídrez y Sepúlveda Reyes, por una denuncia de supuesto desfalco en la compra software y equipo informático.