l domingo anterior se dieron a conocer cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales los homicidios dolosos en Nayarit aumentaron en más de 700 por ciento entre 2016 y 2017: pasaron de 42 a 354. Ese mismo día se divulgó en las redes un video en el que dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal que habían sido secuestrados el 5 de febrero en esa entidad aparecen como prisioneros de sujetos portando armas de alto poder; en la grabación, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio supuestamente confiesan ante la cámara que fueron enviados por diversas dependencias oficiales a Nayarit para capturar, torturar y desaparecer a personas, sean delincuentes o no, y han torturado tanto a presuntos infractores como a mujeres y niños. Este mismo fin de semana, por otra parte, se informó del descubrimiento de una fosa clandestina con ocho cuerpos en la localidad de Testerazo, municipio de Xalisco, cerca de otra que fue descubierta en enero pasado con 33 osamentas.
Los datos referidos permiten tener una idea del descontrol y la ausencia de autoridad que caracterizan a esa entidad del Pacífico y que en realidad viene de tiempo atrás. Cabe recordar que, de acuerdo con cifras dadas a conocer en enero de 2011 por el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, y contenidas en una base de datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada, en los primeros cuatro años del calderonato, las muertes violentas se incrementaron en 3 mil por ciento en la otrora apacible entidad nayarita.
La mortandad pareció disminuir con la llegada al Ejecutivo estatal de Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), pero no porque se ofreciera una solución a las causas de la violencia sino porque, de acuerdo con la información disponible, este político entregó el control de la seguridad pública del estado a un grupo de la delincuencia organizada. En efecto, el hombre fuerte
de Castañeda, el fiscal Édgar Veytia Cambero, conocido también como El Diablo. Siendo aún fiscal de Nayarit fue detenido en Estados Unidos en marzo del año pasado y acusado de vínculos con el narcotráfico.
Unas semanas antes, el que era considerado jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, fue acribillado en pleno centro de Tepic en un operativo de la Marina que suscitó críticas de diversos sectores por el alarde de fuerza militar –un helicóptero artillado lanzó ráfagas de ametralladora pesada contra la vivienda donde se guarecía el presunto delincuente– en una zona densamente poblada. A la postre, Sandoval Castañeda enfrenta una investigación por el desvío de unos 2 mil 700 millones de pesos, se le señala como el coordinador de una red de despojo de propiedades que era operada por Veytia Cambero y se han presentado decenas de denuncias en su contra por secuestro y desaparición forzada.
El colapso de la seguridad pública en Nayarit –como ocurre en Veracruz, Chihuahua, Coahuila y otros estados– no puede explicarse sin la participación pasiva o activa de las autoridades. El descontrol en el estado llega al extremo de la captura y la exhibición de agentes de la Procuraduría General de la República, hechos condenables sin duda, que ilustran el tamaño de la indefensión de los ciudadanos comunes y corrientes ante el accionar delictivo.
La situación en esa entidad del Pacífico es resultado, al final de cuentas, de los extravíos y empecinamientos en una política de combate a la delincuencia manifiestamente contraproducente, y debiera llevar al gobierno a un cambio real en la estrategia.
