Las declaraciones de Salvador Cienfuegos de que la Ley de Seguridad Interior (LSI) debe ser analizada sin presiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrasta con el nuevo llamado del presidente Enrique Peña Nieto a apoyar a los militares sin regateos, lo que demuestra que seguirá habiendo presiones de todo tipo para que el Poder Judicial avale dicha norma, alertaron integrantes de organizaciones civiles.

Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, afirmó que los señalamientos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional no son creíbles, pues el gobierno federal es el que está presionando al máximo tribunal del país, no quienes han impugnado la LSI.

Van a seguir presionando a los gobernadores y a los legisladores. Antes de la aprobación de la ley hubo una presión inmensa y directa. El propio Cienfuegos estuvo visitando a cada gobernador y a cada coordinador de las fracciones parlamentarias, recordó el activista.

A lo anterior, se suman hechos que podrían considerarse actos de represalia en contra de quienes se han inconformado con la LSI, como el retiro de fuerzas militares en San Pedro Cholula –municipio que interpuso una controversia constitucional contra la norma– y en algunas regiones de Tamaulipas, tras el cambio del partido político en el gobierno.

Sin embargo, por encima de la protección a las fuerzas armadas, está la justicia que siguen esperando miles de familias que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos en muchos estados. Hay enormes cicatrices que han dejado la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las violaciones sexuales que han cometido algunos elementos del Ejército.

Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, comentó que las presiones para avalar la LSI van a continuar, pese a todos los señalamientos de que la citada ley es inconstitucional, además de ser contraria a diversos tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

En esta situación de polarización social, entendemos que a río revuelto se quiere sacar esta ley y que la SCJN falle en su favor. Hay una disputa por la reivindicación del Ejército, para darle más poder, y hay intereses políticos muy fuertes para colocarlo como una fuerza de contención social. Ese es el riesgo que corremos, y que nos puede poner en mayor vulnerabilidad, alertó.