Aunque en diversas ocasiones el Senado ha incumplido plazos constitucionales para aprobar leyes, sin que haya sanción alguna, en esta ocasión, si no dictamina antes del 30 de abril la ley de propaganda gubernamental, como se lo ordenó la Suprema Corte, habrá consecuencias, entre ellas la posible destitución del presidente de esa cámara, Ernesto Cordero.

El Senado está también en falta por no haber aprobado la ley que regula los salarios de los funcionarios públicos, cuyo plazo venció hace ocho años, ya que la responsabilidad venía desde la pasada legislatura y tampoco ha nombrado al fiscal anticorrupción, pendiente que arrastra desde 2014.

Antes de pedir licencia, el jueves pasado, el senador del PT-Morena Miguel Barbosa presentó dos iniciativas, la de propaganda oficial y la ley federal de remuneraciones de servidores públicos, y advirtió que son dos omisiones legislativas gravísimas, toda vez que las reformas constitucionales no entran en vigor porque no hay el andamiaje legal secundario que permita poner en marcha los cambios.

En el caso de la ley de propaganda gubernamental, debió aprobarse hace 11 años, luego de las modificaciones al ar­tículo 134 constitucional, dentro de la reforma de Estado de 2007. La organización Artículo 19 presentó solicitud de amparo ante la omisión legislativa del Congreso por no haber aprobado la legislación reglamentaria para normar la publicidad gubernamental y la Suprema Corte falló en su favor en diciembre pasado.

El máximo tribunal dio de plazo al Senado y la Cámara de Di­putados este periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril para aprobar esa ley.

Al respecto, el senador independiente Alejandro Encinas, consideró que es urgente tener esa reglamentación y no porque la Corte lo haya ordenado, sino porque se trata de temas de gran relevancia. El problema, expuso a su vez el coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz, es que se trata de temas sensibles, que han sido frenados desde el gobierno federal.

No quieren una ley que regule la publicidad oficial, para seguir beneficiando a los medios de comunicación útiles al gobierno y su partido y tampoco una legislación que evite los salarios y prestaciones millonarias para los funcionarios de alto nivel, resaltó Bartlett.

Agregó que los senadores de PT-Morena van a impulsar ambas leyes, que tienen como denominador común el uso racional de los recursos públicos.

El ahora senador con licencia Miguel Barbosa hizo notar que de no aprobarse la ley de propaganda gubernamental antes del 30 de abril, como ya la Suprema Corte resolvió, será una omisión con repercusiones, porque la consecuencia natural sería la destitución del cargo.

Aunque, dijo, la pregunta es si la Corte ordenaría destituir a quienes dirigen el Congreso o a todos los integrantes de las dos cámaras.

Aun con los tiempos electorales encima y una tercera parte de senadores que son suplentes, habría dos meses y medio de plazo para dictaminar la ley.