onocida la ligereza con que se conduce el fiscal Xavier Olea Peláez en casos en que enfrenta presiones para el esclarecimiento de hechos sangrientos, surgen voces que reprueban su versión que en conferencia de prensa propaló, vinculando al crimen organizado el asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, perpetrado en la carretera Taxco-Tehuilotepec.

Aseguró que los religiosos acudieron a un baile en Juliantla, comunidad taxqueña donde, afirma, consumieron bebidas alcohólicas y se supo que hubo un conflicto de varias personas con el grupo de acompañantes de los sacerdotes. Muñiz García fue fotografiado portando un arma de fuego de alto calibre, y en otra imagen en compañía de hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo delictivo; las fotografías mencionadas circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que deriva que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios las observaron, relacionando al religioso con un grupo delictivo de la referida zona.

De entrada, Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa rebatió que en el baile hubiera pleito entre un grupo de personas y los acompañantes de los clérigos. El asesinato sin duda es derivado de la inseguridad y la violencia que vive el estado, expresó en conferencia de prensa.

Independiente de que los sacerdotes hayan estado bebiendo alcohol o hayan ido a la fiesta a impulsar sus dotes artísticas, como dijo el obispo Rangel, la fiscalía del estado debiera centrar su atención en descubrir quiénes y por qué los mataron, así como aprehender a los responsables, meterlos a la cárcel y someterlos a proceso. En el supuesto de que la explicación del funcionario fuera verídica, se explicaría, que no se justificaría, la muerte de Muñiz García, pero no la de Añorve Jaimes que, en todo caso, nada tendría que ver con los facinerosos de ningún bando.

Es de esperar que los acontecimientos se investiguen en forma responsable y transparente, y no vaya a ocurrir lo de siempre: que la fiscalía nunca da resultados finales y concluyentes de las investigaciones y menos aún detiene a los responsables, creando una estela de impunidad que victimiza a los guerrerenses.