n 2013, cuando se emprendió la reforma energética, había quienes avizoraban un futuro promisorio para la paraestatal que durante varios sexenios jugó un papel preponderante en la economía y las finanzas de la República. Hoy, a menos de cinco años de aquel hecho, las expectativas en torno a Petróleos Mexicanos son mucho menos optimistas.

El desencanto no es gratuito; por el contrario, se basa en una serie de incontrovertibles datos duros. El sostenido desplome de la producción diaria de petróleo, que recientemente registró las cifras más bajas de los pasados 37 años (1.73 millones de barriles diarios); una disminución drástica en el rubro productivo de las gasolinas; un esquema tributario escasamente competitivo, y un pasivo laboral cuya magnitud representa un lastre adicional para el desenvolvimiento de la empresa que alguna vez fuera estrella de la administración pública nacional, son algunos de los males que la aquejan.

Diversas circunstancias locales y externas han concurrido para conformar este panorama. Entre ellas destacan la caída en picada de los precios internacionales del petróleo, imprevisible hace apenas 10 años, cuando el barril de crudo alcanzaba unos 145 dólares, que ahora parecen inverosímiles; la secuela de huracanes y sismos que afectaron a algunas de las refinerías más importantes de México, y en no menor medida la incapacidad de Pemex para captar inversiones que le permitieran realizar exploraciones en aguas profundas. Y a esa cadena de trastornos se le suma, quizá como consecuencia de los mismos, que la intención de convertirla en una empresa capaz de competir al tú por tú con actores privados haya resultado un fracaso, por lo menos hasta ahora.

Pero hay todavía un elemento más que contribuye a la calamitosa situación de la ex paraestatal, de la que alguna vez se dijo estaba alcanzando capacidades de excelencia y pasaba por ser una de las empresas más sanas del mundo. Se trata de la corrupción que parece multiplicarse al interior y en la periferia de Pemex y que involucra a funcionarios de distinto rango y a operarios de la compañía, a transportistas que distribuyen sus productos, a encargados de gasolineras que lo comercializan y, desde luego, a una cifra indeterminada pero en todo caso muy grande de huachicoleros, ordeñadores de ductos, secuestradores de pipas y tanques, y una variada fauna delictiva que literalmente vive del petróleo.

La información según la cual la Procu-raduría General de la República ha integrado nada menos que 2 mil expedientes de investigación relacionados con Pemex refleja las dimensiones que han alcanzado las corruptelas de distintos grados y los manejos irregulares en casi todas las áreas de la empresa (unos institucionales y otros particulares, pero todos impunes). No es sorprendente dada la magnitud que tiene el problema de la corrupción en el país, pero sin duda no ayudará a que la empresa productiva del Estado (tal es su actual estatus jurídico) cumpla con las eufóricas previsiones de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), que tres años atrás auguraba que la reforma energética mejoraría gradualmente la calidad crediticia de la empresa.

Lo malo es que la frustración no es sólo para S&P, sino para el país entero.