El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene detectadas alrededor de 22 por ciento de las 68 mil secciones electorales en las que se divide al país como áreas de atención especial. Esta clasificación no se desprende únicamente de problemas de inseguridad, sino que se asocia a 20 variables en el proceso de capacitación que requieren un tratamiento específico, señaló el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

Entrevistado acerca de la perspectiva que tiene el organismo en términos de seguridad, de cara a las campañas electorales, el funcionario destacó que todas las acciones para garantizar la seguridad del proceso competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación, que es la que tiene la coordinación de la fuerza pública. En su caso, si algún partido o candidato solicita al instituto que se le apoye con protección a su campaña, el organismo gestiona ante la dependencia que se instrumenten las medidas necesarias.

Recordó que en las elecciones de 2015, en el contexto de las protestas magisteriales contra la reforma educativa, que afectaron el proceso electoral en varios distritos de Oaxaca, el INE requirió el apoyo de la Policía Federal para garantizar la instalación de las casillas y que pudiera realizarse la elección en esas zonas.

–¿El INE cuenta con los focos amarillos de las regiones de riesgo por motivos de seguridad?

–Nosotros no hacemos mapas de seguridad, rojos o amarillos, lo que tenemos son indicadores para conocer en dónde tenemos dificultades para instalar una casilla o integrar la mesa directiva. Manejamos una serie de variables, como si hay altos niveles de analfabetismo, si hay zonas donde la gente tiene registrado un domicilio pero ya emigró. O bien zonas turísticas, como Quintana Roo o las fronteras, donde hay mucha población flotante.

A poco más de dos semanas para que los capacitadores electorales que ha contratado el INE inicien sus labores para instruir a los ciudadanos sorteados que serán funcionarios de casilla, Jacobo Molina mencionó que en 2015 el porcentaje de secciones especiales alcanzó 21 por ciento y en 2012 fue cercano a 18 por ciento. Sin embargo, puntualizó que en este caso el 22 por ciento corresponde a una estimación preliminar que pueda variar al paso del proceso.