A punto de concluir el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales, que se inició hace 17 años, se ha desprendido de la mayor parte de su patrimonio y dejará al gobierno federal la obligación de pagar pensiones a más de 27 mil trabajadores.

De hecho, el año pasado se canalizaron 2 mil 753 millones de pesos del presupuesto para el pago a jubilados y hay aún en litigio 3 mil 525 juicios laborales de ex ferrocarrileros que pelean por una pensión, por lo que se requerirán mayores recursos financieros.

De acuerdo con el informe del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) sobre el avance del proceso de liquidación, se trata de un proceso deficitario que presenta problemas de liquidez, toda vez que requiere recursos públicos y por lo tanto está sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Hasta diciembre pasado el padrón de jubilados ferrocarrileros lo integraban 27 mil 70 trabajadores, a los que mensualmente se destinan mil 330 millones de pesos para sus pensiones.

Desde que se inició la liquidación de Ferronales y hasta diciembre del año pasado concluyeron apenas 338 procesos pendientes, cuantificados en más de 2 mil millones de pesos.

En ese informe remitido al Senado, el SAE resalta que durante el segundo semestre de 2017 se erogaron 33. 5 millones de pesos para el pago a deudos de mil 70 jubilados ferrocarrileros ya fallecidos.

El SAE sostiene que pese a la falta de recursos hay avance en el proceso de liquidación, debido sobre todo al aumento de los activos de Ferrronales a raíz del reconocimiento de los inmuebles susceptibles de enajenación.

Al cierre de 2017 y derivado de la estrategia denominada proyecto comercial se transfirieron 356 inmuebles al SAE, con más de 27 millones de metros cuadrados y un valor aproximado de mil 611 millones de pesos.

Para asegurar una transferencia ordenada de los inmuebles, se depuraron mil 25 expedientes correspondientes a contratos de arrendamiento y comodatos.