Dos ex altos mandos de seguridad pública de la administración de Veracruz encabezada por el priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) fueron detenidos y serán juzgados por desaparición forzada. Son los primeros funcionarios de alto nivel que responderán ante la justicia por ese delito, lo que es considerado un caso sin precedente en la entidad.

Se trata de José Nabor Nava Olguín, último titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal durante el gobierno de Duarte de Ochoa, y Roberto González Meza, ex director general de la Fuerza Civil de esa dependencia.

Fuentes ligadas al caso informaron que estos ex altos mandos fueron aprehendidos, junto con otros policías, fuera de territorio veracruzano y trasladados a la sede de los juzgados en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, donde serán presentados ante un juez de control.

A todos se les vincula en investigaciones de la actual administración estatal (a cargo del panista Miguel Ángel Yunes Linares) como probables responsables de haber cometido desapariciones forzadas durante la gestión de Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, acusado de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Se espera, informaron las fuentes, que en breve se desarrolle la audiencia de imputación a proceso de los detenidos, con base en las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Además, se está tras la pista de otros mandos de la SSP local señalados de la comisión del mismo delito.

Nava Holguín fue nombrado por Duarte de Ochoa como titular de la SSP en agosto de 2016, en sustitución de Arturo Bermúdez Zurita, quien se vio obligado a renunciar al cargo por el proceso que seguía la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito; antes fue subsecretario de operaciones de esa dependencia.

En tanto que González Meza estuvo al frente de la Fuerza Civil durante la gestión de Bermúdez Zurita. En tal cargo, sus responsabilidades incluían la proyección, creación, organización, reclutamiento, comando y dirección de esa corporación, que fue una policía de élite creada en esa administración priísta.

Mediante peticiones de transparencia y acceso a la información, diversas organizaciones han documentado que entre enero de 2013 y octubre de 2016, en Veracruz se denunciaron 87 casos de desaparición forzada, en 54 de los cuales se habría dado la participación de elementos de la policía estatal (donde estos ex funcionarios estarían implicados) y de corporaciones municipales.

De acuerdo con la legislación local, los mandos y policías que se encuentren responsables de este delito o que hayan apoyado a grupos delictivos a cometerlos pueden ser sentenciados hasta a 30 años de prisión.