La presencia de agentes o alguaciles estadunidenses armados en vuelos comerciales transfronterizos entre México y Estados Unidos vulneraría el derecho internacional y nacional, tratados de derechos humanos y, sobre todo, la soberanía mexicana, afirmaron académicos universitarios.

El internacionalista Eduardo Rosales y el constitucionalista Imer Flores, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizaron que el gobierno mexicano no debe aprobar la propuesta de la administración de Donald Trump, ni aceptarla como moneda de cambio para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La legislación mexicana, insistió Rosales, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, es muy clara al prohibir la presencia de policía extranjera armada en el país. Por lo que, enfatizó, permitir la entrada de los llamados air marshals al espacio aéreo mexicano sería seguir atentando contra la soberanía nacional, pues en los hechos se ha mostrado que hay presencia de agentes de las agencias antidrogas y central de inteligencia, así como de la Oficina Federal de Investigaciones en territorio mexicano.

Quiero pensar que no se permitirá, pero es preocupante que al igual de lo que pasa en tierra, se pudiera dar en la práctica. Un arma en un vuelo siempre será riesgo. Se puede presentar un error, un malentendido, una provocación y eso pondría en peligro no sólo a los pasajeros, sino al vuelo mismo.

Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, calificó de despropósito la idea del gobierno estadunidense de que policías armados de su país viajen en vuelos comerciales entre ambas naciones. Lo que ellos dispongan para su espacio aéreo está bien, pero en nuestro caso la ley es muy clara y no se puede permitir.

Dijo que lo más sensato es que el gobierno federal se niegue a negociar el TLCAN con esa condicionante, ya que jurídicamente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tendría consecuencias negativas para México.

Esa idea asume que todos los mexicanos somos delincuentes, esto no puede permitirse. Además, se atentaría contra el derecho nacional, el internacional y los tratados de derechos humanos. Se violentaría la soberanía nacional y hasta las normas de aeronáutica.