Según datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), sólo 10 por ciento de esta población se atreve a llevar a término denuncias ante autoridades en contra de familiares que los han sometido a violencia sicológica, verbal, física y patrimonial, señaló María Olga Sanchez Perez, jefa del Departamento de Asesoría Jurídica del instituto.

La abogada señaló a La Jornada que ahora muchos más adultos mayores exponen sus casos ante el Inapam porque la institución ha realizado una amplia difusión de sus derechos, pero reconoció que cuando son canalizados para la asesoría legal muchos se niegan a afectar a sus hijos, nietos o parientes cuando se enteran de que el castigo por el maltrato a un adulto mayor puede ser la prisión y no sólo el pago de multas, o en el caso de lo patrimonial revertir el abuso, si los plazos lo permiten.

Acotó que uno de los principales problemas que enfrenta este sector es la violencia familiar y dijo que a su departamento llegan todos los asuntos jurídicos; nos expresan sus problemas y los orientamos, y en su caso, los canalizamos a una instancia donde se pudieran resolver.

Comentó que algunos maltratos parecieran menores, pero no lo son, tales como aislarlos, no darles de comer lo suficiente o hacerlo de forma aparte a los horarios de los demás integrantes familiares, y otros son tan graves como golpes que ponen en riesgo su salud o los despojan de sus bienes materiales y propiedades mediante engaños, presión para efectuar compraventas en las que nunca hay un pago por el bien u obligarlos a repartirlo por sesión de derechos o contratos.

Expuso que hombres y mujeres son víctimas de maltratos, pero ellas son las que más denuncian, a los hombres les da pena. Añadió que cuando llegan al Inapam se les hacen ver los alcances y el problema que tenemos con ellos es que como la violencia proviene de un familiar, los adultos mayores se preguntan cómo voy a mandar a mi hijo, a mi nieto a la cárcel. Por eso, no hay estadísticas exactas respecto de la violencia familiar en contra del adulto mayor.

En el caso de su departamento, de 10 personas que llegan con ese problema, una denuncia. Nosotros los canalizamos a la agencia especializada en contra de la violencia familiar. Aquí los convencemos, los hacemos razonar, pero ya llegando allá, la autoridad les dice cuáles van a ser los alcances, y que dependiendo de la gravedad los pueden detener, ahí se queda todo, y ya no proceden.

Detalló que hay prisión, sanciones monetarias y restricciones cuando el inmueble es del adulto mayor y son familiares los maltratadores. Esta modalidad funciona muy bien, porque tras interponer la denuncia, se hace estudio sicológico al afectado, y con base en eso se hacen indagatorias, se cita a involucrados y cuando determinan que no es necesario que se aprehenda a las personas, se establece que no deberán estar indefinidamente a menos de 500 metros del adulto mayor, lo que quiere decir que se tendrán que salir de la casa. Esto es supervisado por patrullas en rondines.

En el Inapam atienden a un promedio de 30 a 40 personas al día, pero antes, cuando el departamento llevaba los juicios en lugar de remitir casos, atendíamos hasta a 100.