Este lunes se cumplen tres años de la explosión de gas que destruyó el Hospital Materno Infantil en el pueblo El Contadero, delegación Cuajimalpa; en la actualidad, parece remota la posibilidad de que se edifique en el mismo sitio un nosocomio general. Como señala en entrevista Bernar Flores, uno de los defensores de dicha comunidad, el proyecto evidencia irregularidades en la cuenta pública federal.

Flores recuerda que tras el siniestro del 29 de enero de 2015, los gobiernos federal y de Ciudad de México anunciaron que un nuevo edificio que se construiría sería cuatro veces más grande que el anterior, de 12 a 72 camas. El entonces titular de la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa), Armando Ahued, hizo ver en julio de ese año que la obra ocasionaría una profunda transformación de El Contadero, al convertir la avenida 16 de Septiembre en una vía de cuatro carriles que desaparecería instalaciones de uso colectivo.

El Contadero es uno de los 143 pueblos originarios de la CDMX reconocidos por el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, con atribuciones en la Constitución y disposiciones internacionales que garantizan sus derechos a la autodeterminación, autogobierno, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, además de la conservación e integridad de su territorio. Pobladores han hecho ver que la construcción en el mismo lugar acarrearía más perjuicios que beneficios.

El activista añade: El 16 diciembre de 2016 se inició la construcción, por lo que en El Contadero decidimos impulsar la defensa legal. En junio de 2017 se reanudó uno de los juicios de amparo. Una semana después la obra fue suspendida por la empresa constructora al argumentar que el gobierno de la CDMX adeudaba pagos, situación confirmada por la Secretaría de Obras y Servicios.

¿Por qué suspender una construcción que se supone tan necesaria y con presupuesto garantizado? Más allá de la violación del derecho a la consulta y al consentimiento de los pobladores, las demandas evidencian actos violatorios y omisiones de funcionarios. Los pobladores exhortan al juez Gabriel Regis López a que emita su fallo por la razones que el derecho suministra y no las que se deriven de su modo personal de pensar o sentir.

La construcción viola la Ley General de Salud, ya que dentro de los predios existe un cauce de río. La Sedesa “no acreditó la propiedad de los terrenos antes de solicitar el certificado de necesidad, y la adquisición del segundo predio fue posterior al certificado de la Secretaría de Salud federal. Al ser autorizado, y avalar su financiamiento por el Seguro Popular, se violenta el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo cuarto constitucional. La construcción también violaría la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues carece del dictamen de un experto independiente. El 9 de agosto de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró el proyecto para la construcción y equipamiento sin dictamen de factibilidad.

Otras leyes que violaría la obra son la de Desarrollo Forestal Sustentable, la General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente y la de Obra Pública y Servicios. Además, se omitió contar con los derechos de propiedad de los predios para el hospital y los que se requieren para el acceso, que ocasionarían la desaparición de edificios colectivos y un centenar de árboles. Habría expropiaciones a particulares para privilegiar al automóvil sobre la población.

Otra disposición que se violaría es la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, ya que el gobierno local omitió realizar y expedir antes del inicio de la construcción la manifestación de impacto ambiental, y no después, como hizo la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX al emitir la autorización en abril de 2017. También se violenta la Ley de Desarrollo Urbano, pues ninguno de los predios designados cuenta con uso de suelo para hospital. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda niega haber otorgado la manifestación de impacto urbano.

Es evidente la inconstitucionalidad de la obra, y contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos. La interrupción de más de 210 días de su financiamiento y construcción se debe a que los actos y omisiones de diversos servidores públicos podrían ser catalogados como irregulares por la Auditoría Superior de la Federación, concluye Flores.