Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, dos ex funcionarios de Chihuahua sujetos a proceso por participar presuntamente en desvíos de recursos públicos estatales, denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que han sido presionados para que declaren, aun cuando no sean ciertos los hechos, en contra del ex gobernador de esa entidad César Duarte Jáquez y el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones. Además, pidieron al Ministerio Público Federal que investigue la manera en que se han integrado las acusaciones en contra de diversos funcionarios de esa entidad.

De acuerdo con las denuncias presentadas el pasado 26 de enero, de las cuales posee copia La Jornada, Tarín García y Villegas Madriles señalaron a la PGR que el abogado Carlos Emmanuel Aguirre les ha exigido la entrega de 30 y 60 millones de pesos, respectivamente, que serán repartidos presuntamente entre Maclovio Murillo, asesor jurídico del gobierno de Chihuahua; César Augusto Peniche, fiscal general del estado, y el gobernador de esa entidad, Javier Corral, para que no se les formulen nuevas acusaciones.

Con el consentimiento de Corral

En los escritos entregados en la oficialía de partes de la PGR, Tarín García afirma que Aguirre, defensor de Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda de Chihuahua y quien se ha convertido en testigo colaborador de la Fiscalía General de Justicia, ha señalado que debido a su intervención como abogado la protección se la otorga directamente Maclovio Murillo Chávez, por supuesto con el consentimiento del titular del Ejecutivo local, Javier Corral, en complicidad con César Augusto Peniche Espejel.

Tarín García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, refiere en su denuncia que Carlos Emmanuel Aguirre le ofreció a él y a otros internos “que declaremos contra César Duarte Jáquez, y que apoyemos a la fiscalía declarando todas las cosas que se requieran para que puedan seguir integrando más carpetas de investigación, aun cuando no sean ciertos los hechos.

“Hace referencia a que en el caso de que tenga la disposición de declarar, opte por un procedimiento abreviado, en donde seré sentenciado a ocho años de prisión, y que posteriormente se me otorgará un beneficio para que cumpla únicamente seis años de condena.

“Todo esto es posible debido a la amistad estrecha que tiene con el consejero jurídico de Chihuahua, Maclovio Murillo, quien, a su vez, con el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo estatal escoge a quienes pueden acudir a esta forma anticipada de terminación del proceso, así como a la pena que será impuesta, en complicidad con el Poder Judicial, e incluso la comodidad que quieres tener en prisión.

Lo anterior en el entendido de que, previo a cualquier arreglo jurídico, debo cubrir la cantidad de 30 millones de pesos que serán repartidos entre Maclovio Murillo, César Augusto Peniche Peniche, Carlos Aguirre y Javier Corral.

En ese contexto, en las denuncias se menciona que Jaime Herrera, el ex secretario de Hacienda estatal, quien, de acuerdo con los escritos entregados a la PGR, era presuntamente el responsable de ordenar pagos indebidos a clientes de la Unión de Crédito Progreso (entidad de la que el ex gobernador César Duarte es accionista), es intocable por la Fiscalía General de Chihuahua, por contar con la protección de Maclovio y Javier Corral, debido al trato que le consiguió directamente Carlos (Emmanuel) Aguirre, por la amistad tan cercana que tiene con Maclovio.

Tarín García y Villegas Madriles refieren en sus denuncias que para presionarlos a aceptar la propuesta de Aguirre, los mantienen encerrados en celdas individuales, con una cámara que nos vigila, aislados de los demás internos, en las que permanecemos 23 horas al día, con una hora únicamente para salir al patio.

Ambos ex servidores públicos están acusados y sujetos a procesos penales por su presunta participación en el desvío de más de 200 millones de pesos. Otros coacusados de peculado son Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, y Javier Garfio, ex alcalde de la capital chihuahuense, estos últimos enfrentan sus procesos en libertad.

Sobre Yáñez y Garfio, las denuncias presentadas ante la PGR refieren que al primero lo cambiaron de penal y luego le dictaron una sentencia de cuatro años en un juicio abreviado, mientras el segundo obtuvo su libertad al declarar en contra de César Duarte, e incluso (el abogado) arregló su salida de tal forma que no tuviera la necesidad garantizar ni pagar la reparación del daño.

Respecto de Ricardo Yáñez, Tarín García refiere que éste fue procesado por un solo delito, cuando en el tema de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua fue él quien enajenó los terrenos y firmó las escrituras. A este respecto, las autoridades de Chihuahua señalaron que durante el gobierno de César Duarte se vendieron un millón 906 mil metros cuadrados de terreno de labor en 99 millones de pesos, cuando su valor comercial era superior a los 329 millones.

En su denuncia, Villegas Madriles menciona que el abogado Aguirre le comentó que era muy amigo del secretario de Gobierno, quien era socio de Maclovio Murillo, y que Peniche, el fiscal del estado, había trabajado en su despacho, así que le había asegurado a Jaime Herrera (ex secretario de Hacienda estatal) que no tendría problemas.

Tras referir que enfrenta cuatro procesos penales y que fue detenido sin que se le permitiera comparecer ante la fiscalía para responder por los cargos antes de ser detenido, señala en su denuncia: al día de hoy he recibido nueve ofertas de Carlos Aguirre para declararme culpable y testificar contra César Duarte y su esposa, Bertha Gómez. El último ofrecimiento es que yo acepte una pena de prisión de 16 años y declare contra Manlio Fabio Beltrones, que diga que yo le llevaba dinero en maletas a Ciudad de México; de lo contrario, van a meter 10 causas más y van a darme 70 años de cárcel.