Buenos Aires.

El ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich presentó este viernes una denuncia penal por supuesto falso testimonio contra siete integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen en Chubut y contra Ariel Garzí, amigo del activista Santiago Maldonado, en una insólita acción que pretende la detención de los testigos de la desaparición forzada del joven artesano en agosto de 2017, tratando así de salvar las responsabilidades de la Gendarmería Nacional y consolidar la persecución contra los pueblos originarios.

La denuncia se presentó un día después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas levantara la acción urgente que demandaba localizar el cuerpo de Maldonado en una causa por desaparición forzada.

El organismo también exigió que el Estado argentino cumpla con su obligación de proteger a los allegados de la persona desaparecida y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación, de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia.

Sin embargo, el gobierno hizo exactamente lo contrario, convirtiendo a las víctimas de una brutal acción de la Gendarmería contra una protesta de siete integrantes de la comunidad mapuche y Santiago Maldonado, en victimarios.

Se trata precisamente de aterrorizar a los testigos, señalaron organismos humanitarios, las autoridades pretenden desconocer los mandatos de Naciones Unidas en cuanto al cuidado de los testigos e investigadores amenazados en el caso Maldonado y en el asesinato por la espalda por parte de la prefectura del joven mapuche Rafael Nahuel, cuya madre pidió justicia el jueves y denunció cómo ahora se intenta culpar a las víctimas en la sueña provincia de Río Negro.

La denuncia penal trata de presentar como mentirosos a los testigos que podrían ser castigados hasta con diez años de prisión. De acuerdo al gobierno, los testimonios sirvieron para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos.

Lo anterior ocurrió cuando el juez Gustavo Lleral, quien lleva el caso Maldonado bajo presión, debe resolver puntualmente sobre la caratula de la causa de desaparición forzada y terminar con la reconstrucción de lo ocurrido el 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen en la localidad de Esquel y analizar el rol que desempeñó en ese lugar, donde fue ubicado en varios videos, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, a quien atribuyeron algunos gedarmes las órdenes de acción.

En este contexto, la ministra Bullrrich anunció a los gobernadores de las provincias patagónicas, que a partir de este año comienzan a funcionar fuerzas de seguridad conjuntas en toda esa región, lo que advierte sobre un esquema de represión al minoritario pueblo mapuche, que sólo pide sobrevivir en lo que les queda de sus tierras, en este caso unas mil hectáreas.

Mientras que el grupo Benetton, de capital británico, posee casi un millón de hectáreas en esos territorios sureños compradas inconstitucionalmente en los años noventa.

Las comunidades mapuches totalmente desarmadas, son consideradas por Bullrich y el gobierno como terroristas y también como el enemigo interno a los que es necesario combatir, el fantasma de la represión está en todas partes y especialmente contra las protestas de trabajadores despedidos y movimientos sociales que demandan la emergencia alimentaria, así como el rechazo a la persecución política a los sindicatos disfrazada de acciones judiciales.

Este mediodía, desesperados trabajadores despedidos de la empresa Cresta Roja, que mantene serios conflictos, fueron rodeados con extremas medidas de seguridad, por policías con escudos y gendarmes en la zona del Obelisco, mientras por la ciudad transcurrían varias marchas en protesta.

Los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado marcharon desde el mediodía por el centro porteño hasta las sedes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y el consorcio de carnes ABC, a las que acusan de aprovecharse de los ajustes en áreas de ese organismo, privatizando los controles zoofitosanitarios, y reclamando la reincorporación de 130 trabajadores.

Además advirtieron sobre la situación de riesgo sanitario en que se encuentra el país desde el desfinanciamento de al menos 400 dependencias de control alimentario distribuidas en todo el país.

En tanto, los interventores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio pidieron al Escuadrón 43 de Gendarmería en carácter muy urgente la presencia de 200 efectivos de Gendarmería y/o otras fuerzas federales ante la protesta de los trabajadores de la mina por 200 despidos a los que se sumarían otros 500.

La tragedia que esto significa para los trabajadores y sus familias que se asentaron en lugares tan distantes y expresada por los manifestantes, recibió como respuesta la amenaza de una severa represión, estamos viendo la brutal actuación de las fuerzas de seguridad gubernamentales.

En este marco, el ex gobernador y hoy diputado nacional, José Luis Gioja advirtió que la provincia de San Juan podría ser el escenario de un estallido social por la decisión del gobierno de recortar 13 mil planes sociales de personas que habitan esa provincia en el noroeste del país.

En la Provincia corren riesgo de dar de baja a 13 mil Planes Sociales Laborales con el peligro de que esto desate una crisis social de proporciones advirtió Gioja, quien se reunió con representantes de distintos movimientos sociales, posteriormente, señaló que “se está generando un caldo de cultivo para que se den conflictos sociales en distintos lugares del país y San Juan no es ajena a esa realidad.

Gioja sostuvo que esto es parte de un plan que tiene que ver con favorecer a los que mas tienen en detrimento de los que menos tienen.