Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) acordaron presentar una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), al considerar que imponen una reserva prácticamente automática a todas las acciones que realicen las fuerzas armadas en el contexto de dicha norma, e invade facultades de los organismos autónomos.

Durante la sesión de ayer, el primer asunto que discutió el pleno del Inai fue la impugnación de los dos artículos de la LSI citados, cuya trascendencia fue destacada de forma unánime.

Al exponer sus argumentos, Areli Cano, Patricia Kurzcyn, Óscar Guerra, Ximena Puente y Francisco Javier Acuña coincidieron en señalar que si bien la seguridad nacional es un argumento válido para reservar cierta información, el artículo 9 de la LSI pasa por alto la necesidad de hacer un análisis caso por caso antes de adoptar una decisión de ese tipo.

Señalaron que con la polémica ley, promulgada en diciembre de 2017, se omite la necesidad de que los sujetos obligados presenten una prueba de daño, mediante la cual demuestren que la divulgación de la información de sus operativos es un riesgo real para la seguridad nacional.

Como está redactado ese artículo, advirtieron, se propicia una clasificación automática de cualquier acción como reservada, sólo por el hecho de afirmar que está vinculada con la seguridad nacional y, por tanto, contraviene el artículo sexto constitucional, relativo al principio de máxima publicidad del trabajo de las instituciones gubernamentales.

Los comisionados impugnaron el artículo 31 de la LSI al estimar que contraviene el artículo 16 de la Carta Magna, pues invade competencias del Inai y otros organismos autónomos al anular el régimen de cooperación mediante el cual –junto con otras instituciones– para evitar abusos en el ejercicio del poder público.

Al estipular que los organismos autónomos están obligados a entregar la información que soliciten las fuerzas armadas, señalaron, se interfiere en sus atribuciones y ni siquiera se dice con claridad qué clase de datos pueden pedir ni los mecanismos para su tratamiento.

Tras exponer estos argumentos, los comisionados aprobaron por unanimidad que el Inai presente una acción de inconstitucionalidad contra la LSI antes de que termine esta semana.