Expertos independientes en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la entrada en vigor en México, este martes, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño para miles de víctimas.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU enfatizó la necesidad de que con esta norma se garantice la búsqueda eficaz e inmediata de miles de personas desaparecidas (más de 32 mil, de acuerdo con cifras oficiales), que es el principal reclamo de las familias.

En un pronunciamiento fechado en Ginebra, Suiza, los expertos destacaron la necesidad de poner todos los esfuerzos y recursos en la implementación efectiva de esa ley, de manera que impacte en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas.

Resaltaron la apertura de las autoridades mexicanas para garantizar la participación de las familias de personas desaparecidas, así como otras organizaciones de la sociedad civil, en el proceso legislativo de discusión y aprobación de a ley.

El proceso de selección de los funcionarios encargados de implementarla debe garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil.

Manifestaron su confianza en que con la creación de fiscalías especializadas, esta nueva ley dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar ante la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en México.

Es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo.

Resaltaron el papel que la nueva ley otorga a los gobiernos locales. Ello, sin dejar de destacar el rol de liderazgo y coordinación que deben asumir las autoridades federales en cumplimiento de las obligaciones internacionales que derivan de las normas para la protección de los derechos humanos.

El grupo de trabajo alentó a otras naciones que enfrentan desafíos similares en cuanto a la desaparición de personas a retomar el proceso participativo de adopción de la Ley General en México y sus contenidos positivos.