La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emplazó a las secretarías de Gobernación (SG) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que en un plazo de diez días naturales –contados a partir de este jueves– informen en torno a la situación de inseguridad en que se encuentran las familias dependientes del agro mexicano.

En un punto de acuerdo, diputados y senadores de todos los partidos consideraron que la situación del campo por sí misma es complicada, si bien no existe voluntad política para sacar de la pobreza a este sector, lo mínimo que el gobierno federal puede hacer es garantizar las condiciones necesarias que brinden seguridad y tranquilidad a los jornaleros, para que al menos puedan vivir en paz.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015 concluyó que en México la población mayor de 15 años de edad ocupada en el campo era de 5 millones 538 mil 979 personas. De éstas, 56 por ciento eran agricultores y 44 por ciento trabajadores de apoyo (peones o jornaleros).

Entre estos últimos, 89 por ciento eran hombres y 11 por ciento mujeres. Entre los agricultores también es mayor la población masculina, al representar 91 de cada 100. Entre los peones o jornaleros, 15 de cada 100 son mujeres. La edad promedio de los trabajadores agrícolas es de 41.7 años; en los hombres es de 41.9 y en las mujeres 39.8. En 2015, ellas y ellos se distribuían por toda la geografía nacional, especialmente en las entidades de Veracruz (12.1 por ciento), Chiapas (11.9), Puebla (11.1), Oaxaca (9.1), Guerrero (7.4) y Michoacán (7.1), que en conjunto concentraban 58.7 por ciento de la población ocupada en ese sector.

“Lamentablemente, el clima de inseguridad y violencia mantiene a México en una crisis social que inicialmente se reflejó dentro de ciertas regiones del país, de manera particular en zonas urbanas o semirrurales, donde delitos como extorsión, secuestro y robo incidían en la actividad económica y en la tranquilidad de ciudadanos de clases alta y media, así como a comercios y grandes empresas.

Imposición de cuotas y precios

Sin embargo, la falta de una estrategia de seguridad eficaz ha ocasionado que estos problemas se extiendan a otros sectores de la economía y a otras regiones del país, como es el caso del campo mexicano, que desde hace varios años ha denunciado el asedio de integrantes del crimen organizado. Líderes de agrupaciones y asociaciones de campesinos han hecho público que sin financiamiento y asolados por la extorsión del hampa, muchos productores sólo cultivan para el autoconsumo, porque no están en riesgo la cosecha y la tierra, sino la vida, advirtió la Comisión Permanente.

Los grupos criminales imponen cuotas y controlan el precio de diversos productos, pago de cosechas e incluso manipulan toda su comercialización. En el mismo sentido, los campesinos han denunciado desde hace años que han impuesto cuotas a toda la producción agrícola. Los jornaleros deben entregar 20 de los 80 pesos de su salario diario. Los dueños de la tierra pagan 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, además de un mínimo de mil pesos por hectárea de maíz, y las bodegas deben entregar al menos 100 pesos por cada tonelada del grano, coincidieron los integrantes de la Permanente.