Moscú.

Denunciar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Chechenia es un riesgo que puede hacer terminar en la cárcel con una larga condena por posesión ilegal de drogas o cualquier otro pretexto que desacredite a quien se atreva a defender ahí los derechos humanos.

Es la conclusión que sacan los activistas que están convencidos de que las autoridades de la república norcaucásica no dudan en emplear todo tipo de artimañas para acallar voces críticas.

Aseguran que el ejemplo más reciente de ese sistema viciado es Oyub Titiyev, director de la oficina regional de Memorial, ONG que dedica sus esfuerzos a investigar la represión política en la Unión Soviética y también en la Rusia actual, quien este jueves quedó en prisión preventiva hasta el 9 de marzo siguiente, por decisión de una corte de la ciudad de Grozny.

Detenido el pasado martes en las afueras de la capital chechena, la policía acusa al prominente activista de tener 180 gramos de mariguana en el interior de su automóvil. Según la ley, se trata de una cantidad suficiente para encerrarlo en prisión durante una larga temporada.

Titiyev, de 60 años, rechaza haber llevado en su vehículo cannabis o cualquier otro estupefaciente y se dice víctima de una trampa con evidencias fabricadas. Califica los cargos en su contra de venganza por sus recientes reportes sobre violación de los derechos humanos en Chechenia, por los cuales el presidente del Parlamento checheno, Magomed Daudov, llamó enemigos del pueblo a los miembros de Memorial.

La víspera el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante una declaración oficial, exigió la liberación de Titiyev y exhortó al gobierno checheno a no entorpecer el funcionamiento de la sociedad civil ni a intimidar a sus organizaciones.

La declaración mereció una respuesta inmediata del vocero del gobierno checheno, Alvi Karimov, quien afirmó que Washington intenta ejercer presión sobre la investigación judicial.

De su lado, el presidente del consejo de Memorial, Aleksandr Cherkasov, desde Moscú, expresó que es evidente que la detención de Titiyev y los cargos que se le imputan guardan relación directa con su labor profesional, la cual no resulta del agrado de las autoridades chechenas.

No es la primera vez que activistas de Memorial sufren represalias por su trabajo en Chechenia, pero el caso más trágico sucedió en 2009 con la anterior directora de la oficina regional, Natalia Estemirova, secuestrada por un grupo de hombres armados en territorio checheno y cuyo cuerpo sin vida y con signos de tortura apareció en la vecina república de Ingushetia.